Escribe Miguel Angel Hernández, dirigente del PSL de Venezuela y de la UIT-CI
“Economía del genocidio”: así se titula el informe presentado el pasado 3 de julio por Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. En él se revela la complicidad criminal con el genocidio en Gaza por parte de numerosas empresas norteamericanas, israelíes y de otros países.
Estados Unidos sanciona a Francesca Albanese, la autora del informe.
El documento ha tenido un gran impacto mediático y en las redes sociales. Ante su publicación, el gobierno ultraderechista de Donald Trump, así como el de Netanyahu, reaccionaron con particular virulencia.
Estados Unidos le impuso sanciones a Francesca Albanese, autora del informe, acusándola de llevar a cabo una “campaña de guerra política y económica” contra Estados Unidos e Israel.
A tal efecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a través de su cuenta en la red social X que las medidas contra Albanese tienen lugar “por sus ilegítimos y vergonzosos esfuerzos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes”.
Grandes empresas financian el genocidio en Gaza
El nombre del informe hace alusión al apoyo económico de grandes empresas transnacionales y nacionales de Israel, involucradas en el financiamiento y sostenimiento material del genocidio que Israel ejecuta en Palestina. En el mismo se presenta una lista de más de 60 empresas que apoyan el desarrollo de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados y las acciones militares en Gaza.
Entre las empresas se encuentran las transnacionales norteamericanas de las telecomunicaciones IBM y Microsoft, que se encargan de la recolección y almacenamiento de datos biométricos de los palestinos, y de proveer tecnología en prisiones y operaciones de los cuerpos de seguridad; Amazon y Google, que ofrecen programas de gestión de grandes bases de datos para el “control de la población palestina”. Mientras tanto, Palantir ha facilitado inteligencia artificial utilizada con fines militares.
Otra empresa que sostiene la agresión israelí en Gaza, específicamente en el área militar, es la estadounidense Lockheed Martin, que ha dotado a Israel de aviones de combate F-35. A ella se unen otras 1.600 empresas del sector militar. También en el sector educativo y académico, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Fanuc Corporation, de Japón, han colaborado en el desarrollo de armas y tecnologías militares.
El programa Horizon Europe de la Comisión Europea ha facilitado la colaboración con instituciones israelíes en distintas áreas.
En cuanto al transporte de armas, el informe menciona a la gran transnacional marítima Maersk. Igualmente, empresas de maquinaria pesada como Caterpillar, Hyundai y Volvo, cuyos equipos han sido utilizados para demoler edificaciones, construir avenidas, calles y corredores de vigilancia. Estas empresas también habrían colaborado en la destrucción de tierras de cultivo y en la construcción de colonias ilegales en territorios palestinos. En esta área también ha cooperado con Israel la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Y en el sector turístico, Booking y Airbnb.
También se mencionan empresas en el sector de la energía como la suiza Glencore y la norteamericana Drummond, que han colaborado con carbón para el sistema eléctrico de Israel, así como también las petroleras BP y Chevron. En el sector financiero, BNP Paribas, Barclays, Allianz, BlackRock y Vanguard; en el sector alimenticio, las firmas israelíes Tnuva y Netafim, propiedad de multinacionales de China y México, respectivamente. También la israelí Mekorot, dedicada al agua, que redujo en un 22 % el suministro del líquido a Gaza como parte del brutal bloqueo al que Israel sometió a los gazatíes durante varios meses.
El informe exige rendición de cuentas a las empresas que colaboran con Israel