Con la notificación al Estado argentino, el proceso internacional inicia la etapa de admisibilidad del reclamo. En un plazo de tres meses —prorrogable un mes—, Cancillería deberá solicitar los antecedentes del caso a todos los organismos estatales (fiscalías y juzgados, entre otros) involucrados en la causa. Con toda esa información, expone la abogada: “Cancillería va armar su propia estrategia judicial, en representación del Estado argentino”.
Una vez que el Estado presente sus observaciones, la CIDH evaluará la admisibilidad o no de la demanda, según una serie de criterios que tienen en cuenta la competencia del organismo sobre el asunto, el agotamiento de los recursos internos para canalizar el reclamo, el plazo de la presentación y la posible caracterización de violaciones a uno o más derechos consagrados en los tratados internacionales.
Con esa información, la CIDH elabora un informe de fondo, en el cual determina si el Estado es responsable por la violación a derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales, y establece una medida de reparación. Si esto sucede y el Estado no cumple con la medida en el plazo establecido, Katz señala que “directamente la CIDH deriva la causa e inicia una demanda contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Es decir, la causa se encarrilla por la vía contenciosa, que deriva en un juicio internacional y culmina con una sentencia.
Una «justicia» lenta y negada
Las movilizaciones para impedir la explotación del yacimiento Agua Rica tienen una larga historia en Andalgalá. Ya en la década de 1970 una revuelta popular logró frenar el proyecto, que entonces se promocionaba con el nombre “Mi Vida”. En 2009, el gobierno provincial arremetió nuevamente con el proyecto de explotación y lo autorizó a espaldas del pueblo. Otra vez hubo movilizaciones en contra, que se acompañaron de un reclamo por la vía judicial. “El 19 de enero de 2010 presentamos un amparo colectivo”, recuerda Sergio Martínez, integrante de la Asamblea El Algarrobo. Sin embargo, la respuesta fue el silencio, primero, y la negación de justicia, después.
Transcurridos tantos años, la Asamblea y un equipo de abogados decidieron que “15 años de espera era tiempo suficiente”, comenta Katz, y el 6 de abril de 2024 presentaron una petición ante la CIDH. “El amparo es una acción constitucional y convencional, que tiene que ser expedita y, claramente, un proceso judicial para ir en contra de un emprendimiento minero que demore 15 años, no lo estaría siendo”, expresa la abogada.
Durante este peregrinar en busca de justicia, los vecinos hicieron numerosas presentaciones por vías administrativas y judiciales para pedir informes, y para denunciar irregularidades y violación de leyes y derechos. Sin embargo, señala Martínez, “no hemos obtenido ningún tipo de respuesta concreta por parte del Estado argentino”.
En todo caso, la respuesta fue la violencia institucional y estatal, que también ha sido denunciada ante el organismo internacional y que la Asamblea enumera en un comunicado: vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución, intimidación. Sólo para graficar algunos de esos hechos: 104 personas se encuentran judicializadas y se registran más de 200 víctimas por el conflicto.
