El reclamo de Andalgalá llegó al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) después de 15 años de buscar respuesta en los órganos judiciales internos. Katz hace un raconto desde la presentación del primer amparo en 2010; los reveses en los ámbitos judiciales de la provincia; los acampes que en 2014 y 2016 obligaron a los vecinos a trasladarse a las puertas de los tribunales porteños; la sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2016 y la trampa de la empresa para burlar esa sentencia cambiando el nombre al proyecto.
Después estuvo (y está) la complicidad del gobierno provincial que autorizó audiencias “públicas” durante la pandemia, que pretendían que vecinos de a pie leyeran más de 3000 páginas repletas de enrevesados datos técnicos en un cuarto de hora. Nuevas resoluciones oficiales autorizaron el ascenso de maquinaria y personal al yacimiento y distintas etapas de “exploración avanzada” que, según denuncia la Asamblea, constituyen autorizaciones encubiertas para la explotación del proyecto que hoy opera la trasnacional Glencore.
Apenas algunos días antes de la notificación de la CIDH, la Corte Suprema había rechazado un recurso extraordinario federal interpuesto por la Asamblea El Algarrobo y declaró abstracto el reclamo de los vecinos. En su comunicado, la Asamblea manifestó su decepción y declaró que “este fallo de la CSJN es apenas una muestra de cómo el Estado argentino desoye nuestro reclamo y vulnera nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y apto para la vida digna”.
Dos vías para una misma lucha
No es una mera casualidad que las caminatas en defensa del agua, que se realizan todos los sábados en Andalgalá, hayan nacido en el mismo mes y año en que se presentó aquel recurso de amparo que inició la marcha judicial para frenar la explotación de Agua Rica. “Es interesante en la lucha de Andalgalá ver cómo se construyó una sinergia entre el proceso judicial: la lucha en los papeles; y la lucha en las calles: las caminatas”, expresa Katz y agrega que esa combinación ayuda a entender “cómo después de tantos años el reclamo de Andalgalá sigue tan vigente”.
Martínez también resalta ese trabajo conjunto entre los vecinos que se expresan poniendo el cuerpo en las calles y el equipo de abogados que acciona por las vías judiciales. En la causa internacional, los abogados de la Asamblea, Mariana Katz y Juan Figueroa, están acompañados por sus pares Marcos Filardi, Juan Pablo Vismara y Gabriel Bicinskas, del Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
No es un camino fácil: “Hay mucho dolor, mucho sufrimiento en esta resistencia —reconoce Martínez— pero también mucho amor y mucha esperanza, porque si no hubiéramos tenido esperanza, seguramente hubiésemos abandonado este reclamo”. Sin embargo, ni las caminatas (que ya superaron las 800) ni las presentaciones administrativas o judiciales se detuvieron ni se detendrán, asegura Martínez.
Qué motiva tanta persistencia es la pregunta que sobrevuela y Martínez responde antes de escucharla. “Queremos seguir viviendo en nuestro pueblo: nosotros nacimos acá, vivimos acá y queremos morir acá” y agrega: “Queremos seguir conservando la biodiversidad, nuestra identidad cultural, los factores productivos amigables con la naturaleza”. En fin, resume: “Queremos conservar lo que somos y que nuestros hijos y nietos, es decir las generaciones futuras, puedan vivir en este pedacito del mundo igual a cómo nosotros lo recibimos”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-megamineria-de-catamarca-en-la-mira-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
www.anred.org/la-megamineria-de-catamarca-en-la-mira-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
Anred 07/11/25