Categoría: Nacional

Mediante un juicio abreviado en el que se lo condenó a tres años de prisión efectiva, Sebastián Romero recuperó hoy su libertad. Dado el tiempo pasado en prisión (casi dos años) -durante el cual se le negaron pedidos de excarcelación, laborales y de estudio- la sentencia, incluso siendo condenatoria, implicó que hoy el militante del PSTU quedara libre. Por ANRed.

El juez de la causa contra Romero, Javier Ríos, es el mismo que ya había condenado a César Arakaki y Daniel Ruiz. En este sentido, desde el PSTU señalaron que esto reafirma «su carácter de funcionario de ricos y poderosos, que son los que hicieron y hacen uso del Código Penal. Así como no nos sorprendió la condena a César y a Daniel, no era posible esperar que un juicio oral y público contra Sebastián tuviera otro final, ya que no solo se trataba del mismo juez, sino también de los mismos fiscales y los mismos testigos. No había ninguna garantía de un juicio justo».

Este sábado 7 de Agosto , será la caminata número 600 de un pueblo que tomó la decisión de salir a las calles, sin temer al poder de turno, con las banderas de la Libertad. A gritar fuerte de todas las maneras pacíficas que existen, que no quieren ni una minera más en su montaña: El Aconquija. Más de once años realizando una tarea enorme de toma de conciencia, docencia, empoderamiento, autodeterminación, denuncias y visibilización. Una lucha sostenida en el tiempo, que ha visto pasar gestiones de políticos, funcionarios y jueces que no han hecho otra cosa más que profundizar el extractivismo y embestir contra quienes defienden su tierra y sus Derechos Humanos. Por Silvina Reguera- Asamblea El Algarrobo para ANRed| foto: Brian Chayle.

Pero lo más grave de todo, es la corrupción. Mientras algunos piensan que la megaminería trae corrupción, es exactamente al revés. Es la corrupción instalada en el poder, la que genera megaminería. A partir de eso comienza el saqueo y la quita de los derechos de los ciudadanos ante la protesta. Los habitantes de Andalgalá se ven acechados por la empresa Agua Rica, instalada “de prepo”, lo cual ha generado incontables sucesos de malestar en la comunidad. La fractura social era parte del plan; un mecanismo armado para dividir, infundir miedo y sembrar odios. El problema del gobierno es que, lejos de lograr algo de eso, han fortalecido a una sociedad que se organiza y se pone de pie, sin importar cuantas veces los crean vencidos. Ese es el problema. No pueden desarticular la lucha y así nunca conseguirán la tan ansiada licencia social para explotar un proyecto científicamente comprobado que es inviable y lo dice la Ley.