Escribe Guido Poletti
Desde aquel lejano abril de 1977, cuando un grupo de madres comenzó a girar alrededor de la Pirámide de Mayo, la lucha por los derechos humanos ya no se detuvo en la Argentina, hasta transformarse en una auténtica “marca” y en un ejemplo a nivel internacional.
En un movimiento que fue creciendo, con organismos viejos y nuevos y con generaciones de militantes que se fueron renovando, ni los militares genocidas, ni las maniobras de los distintos gobiernos posteriores, ni el negacionismo de ultraderecha de hoy lograron impedir que esa lucha siguiera creciendo y masificándose.
Ya en el último año de la dictadura, en medio de una auténtica revolución democrática, eran centenares de miles quienes se convocaban y marchaban contra los intentos de impunidad de los militares en retirada.
Así, multitudinarias marchas tiraron abajo la “autoamnistía” de Bignone, los intentos de impunidad mediante un falso “juicio” realizado por el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas e impusieron el ya histórico Juicio a las Juntas, y todos los procesos que le siguieron. Miles declararon ante la Conadep y otros tantos fueron testigos en aquellos juicios de la década del ’80. También fueron centenares de miles quienes repudiaron las primeras leyes de impunidad, el Punto Final y la Obediencia Debida, impulsadas por el entonces presidente Alfonsín.
Luego vinieron los indultos de Menem, que también se dictaron mientras centenares de miles expresaban su repudio en las calles. En los ’90, cuando muchos apostaban a que la lucha contra la impunidad estaba derrotada, ésta resurgió con fuerza en la impresionante marcha del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe. Allí nació el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también aparecieron nuevos organismos, como HIJOS, que revitalizaron con una nueva generación esta lucha.
En una época marcada por la impunidad y por la imposibilidad de avanzar con los juicios, se generalizaron los escraches, yendo a buscar a los genocidas a sus propias casas. También se encontró el resquicio legal de las causas por apropiación de bebés y de los llamados juicios por la verdad, que, aun con limitadas herramientas jurídicas, siguieron sentando genocidas en el banquillo de los acusados.
Después del Argentinazo de diciembre de 2001, el reclamo se fortaleció y masificó aún más, logrando en poco tiempo la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los indultos. Se reanudaron los juicios. Las marchas multitudinarias de cada 24 de marzo continuaron creciendo, incluso a pesar de la crisis generada a partir de 2006 por la cooptación, por parte del gobierno kirchnerista, de un conjunto de organismos históricos.
Los centros clandestinos de detención fueron señalizados y transformados en sitios de memoria, visitados desde entonces por miles de personas, tanto del país como del extranjero. La ex ESMA, el más importante de ellos, llegó a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Cada intento de avanzar con la impunidad fue repudiado masivamente y obligado a retroceder, como ocurrió con la gigantesca movilización contra el fallo del “2×1” de la Corte Suprema en 2017.
Durante todos estos años tampoco se dejó pasar ninguno de los nuevos casos de violaciones a los derechos humanos. Multitudinarias movilizaciones de repudio se realizaron frente a los asesinatos de Víctor Choque o Teresa Rodríguez en los años ’90; de Kosteki y Santillán en 2002; de Mariano Ferreyra en 2010; o de Santiago Maldonado en 2017, por citar algunos de los casos más resonantes. Lo mismo sucedió con la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006.
Pasaron 50 años. Hoy el gobierno de Javier Milei pretende dar vuelta atrás esta historia con su avanzada negacionista. No lo logrará. La lucha contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia, ya es un patrimonio multitudinario del pueblo argentino. Tal como se grita en las calles: ¡Cómo a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!
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El socialista 11/03/26
Una respuesta a «Décadas de lucha contra la impunidad / Por la memoria, la verdad y la justicia»
Robar identidades: el plan sistemático de apropiación de niñas y niños en la dictadura
Escribe Juliana García, militante de derechos humanos
El plan sistemático de apropiación de niñas y niños fue uno de los rasgos más brutales del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar. Se comprobó incluso judicialmente que existió una política organizada para apropiarse de las hijas e hijos de personas detenidas desaparecidas y criarlos bajo los valores del régimen. El propio Poder Judicial lo estableció años más tarde en el juicio conocido como “Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores”.
El terrorismo de Estado asesinó, desapareció, saqueó bienes y, además, robó identidades. Muchas niñas y niños fueron secuestrados durante operativos junto a sus padres y otros nacieron en cautiverio.
Para ello se montaron maternidades clandestinas dentro de centros clandestinos de detención. Las mujeres embarazadas secuestradas solían recibir un trato diferenciado: los represores buscaban que los embarazos llegaran a término. Después del parto, los bebés eran apropiados y las madres, en la mayoría de los casos, asesinadas.
La apropiación se concretaba mediante inscripciones falsas como hijas e hijos propios, con la complicidad de médicos o funcionarios que certificaban nacimientos inexistentes.
Frente a ese horror, la resistencia comenzó desde abajo. En 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo y, ese mismo año, doce mujeres entendieron que además de buscar a sus hijas e hijos debían encontrar a sus nietas y nietos nacidos en cautiverio. Así nació la organización Abuelas de Plaza de Mayo en octubre de 1977.
Durante años la búsqueda fue casi artesanal: recorrer juzgados, seguir pistas y sostener la memoria en un país atravesado por el silencio y el miedo. En los años noventa el Estado creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para acompañar esa tarea.
Hasta hoy se lograron 140 restituciones, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados. La cifra sigue siendo aproximada: varias mujeres embarazadas nunca fueron identificadas o no se sabía que estaban gestando al momento del secuestro.
Todavía hoy se siguen encontrando casos, pero el contexto político actual vuelve más difícil esa tarea. El gobierno de Javier Milei, que ha relativizado los crímenes de la dictadura y reivindicado la teoría de los dos demonios, recortó recursos destinados a las políticas de memoria y debilitó áreas del Estado dedicadas a la búsqueda de las y los nietos apropiados.
Organismos históricos como Abuelas enfrentan dificultades para sostener sus equipos técnicos, mientras la Conadi se encuentra reducida en personal y presupuesto. En un país donde todavía faltan cientos de nietas y nietos por encontrar, ese vaciamiento afecta directamente la posibilidad de restituir identidades.
La historia de las Abuelas demuestra que la búsqueda es también una construcción colectiva. Fue la persistencia de esas mujeres, acompañadas por trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, la que permitió que muchos nietos y nietas recuperaran su identidad.
Y mientras quede una sola nieta o nieto por encontrar, esa lucha seguirá abierta.
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El Socialista 11/03/26