Escribe Mariano Barba
Mientras Estados Unidos perdía la guerra de Vietnam a comienzos de la década de 1970, en América Latina desplegaba la doctrina de la seguridad nacional. Esa estrategia luego se consolidó en el Plan Cóndor, un sistema de coordinación entre dictaduras para fomentar y organizar golpes de Estado en el Cono Sur. El golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina se inscribió en ese marco, con el objetivo de frenar las luchas populares e imponer planes económicos alineados con los intereses del imperialismo.
A comienzos de la década de 1970, las y los trabajadores y los pueblos protagonizaban acciones en distintas latitudes del mundo. Estados Unidos, con Richard Nixon como presidente, vivía grandes movilizaciones internas contra la guerra en Vietnam y sufría derrotas en el campo de batalla que culminaron con su retirada de ese país, lo que significó la primera gran derrota del imperialismo yanqui. Otros países coloniales africanos, como Guinea Bissau, Angola y Mozambique, tras largos años de lucha, conquistaron su independencia de las potencias europeas que los dominaban. Hacia el final de la década, en 1979, una gran revolución democrática en Irán derrocó al sha Reza Pahlevi; ese mismo año, en Nicaragua, se derrotaba a la dictadura de Anastasio Somoza en una guerra civil en la que participó nuestra corriente con la Brigada Simón Bolívar.
En América Latina también se desarrollaban grandes luchas en Chile, Argentina y Perú, que cerraban un período de derrotas marcado por el golpe en Brasil y el de Barrientos en Bolivia. En ese contexto, Estados Unidos avanzaba en la formación militar de los ejércitos latinoamericanos a través de la Escuela de las Américas, situada en la zona del Canal de Panamá. Allí se enseñaban doctrinas de contrainsurgencia, es decir, métodos para organizar golpes de Estado, coordinar la represión y formar escuadrones de la muerte. Estas políticas fueron las antesalas del Plan Cóndor, impulsado con respaldo y participación directa del gobierno estadounidense.
Durante las presidencias de Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989), Estados Unidos prestó apoyo técnico, militar y político a los regímenes represivos del Cono Sur. A través de la CIA y el Pentágono se proporcionaban planificación, coordinación e instrucción en métodos de tortura y terrorismo de Estado.
Miles de asesinados y desaparecidos
Hacia 1978, la Operación Cóndor abarcaba ocho de los trece países de América del Sur y había establecido un área de represión e impunidad sin fronteras. El intercambio de información entre las dictaduras permitió operativos conjuntos de grupos de tareas integrados por agentes del país donde se encontraba la víctima y por sus contrapartes del país de origen. Estas operaciones muchas veces terminaban con traslados clandestinos de personas detenidas hacia su país de origen, algo habitual entre las dictaduras de Argentina, Uruguay y Chile.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay confirmó en 2003 que los documentos hallados en diciembre de 1992 en la comisaría de Lambaré, en Asunción, prueban la existencia del acuerdo entre las dictaduras para el intercambio de información y prisioneros. Según esos archivos, este plan asesinó a unos 50 mil opositores políticos en América Latina, dejó decenas de miles de detenidos desaparecidos y encarceló a alrededor de 400 mil personas. Esos documentos, conocidos como los “Archivos del Terror”, detallan el destino de miles de latinoamericanos secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
La atroz dictadura argentina
3 respuestas a «Plan Cóndor / El imperialismo yanqui: cómplice de la dictadura»
Deuda externa: la maldita herencia económica de la dictadura
Escribe José Castillo
La dictadura genocida tuvo un objetivo económico preciso: profundizar la semicolonización del país al imperialismo yanqui e incrementar cualitativamente la superexplotación del pueblo trabajador. Por medio del terror, con desapariciones y detenciones (que mayormente se dieron entre activistas, delegados, miembros de comisiones internas y directivos sindicales) y prohibiendo la actividad sindical, el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, logró ya en los primeros meses reducir en un 40% los salarios. Le siguieron cierres de empresas, una apertura importadora brutal y una bicicleta financiera que enriqueció a las patronales nacionales y extranjeras “amigas” de la dictadura genocida.
Pero, sin duda, la herencia más macabra fue la deuda externa. Cuando asumió Videla el endeudamiento ascendía a 4 mil millones de dólares. En 1983 era de 46 mil millones. La mitad la habían asumido los propios militares con la excusa de obras faraónicas (como las del Mundial ‘78), compra de armas o directamente para el robo y su enriquecimiento personal. La otra mitad correspondía a deuda de empresas: grupos nacionales como Pérez Companc, Macri, Techint, Fortabat, Madanes, Galicia o incluso filiales de transnacionales que se endeudaron en esos años. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en 1982, “estatizó” esa deuda externa privada, cargándola al Estado argentino.
Lo más escandaloso es que todos los gobiernos posteriores (Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei) la reconocieron y pagaron, aceptando el juego de infinitas refinanciaciones, “quitas”, capitalizaciones y múltiples mecanismos donde los intereses se sumaban, se tomaban nuevos préstamos para pagar los anteriores y así la deuda crecía como una bola de nieve hacia el infinito. Hoy, medio siglo más adelante, debemos más de 500 mil millones de dólares.
La deuda externa fue una estafa en toda la línea. Inmoral, porque la pagó y sigue pagando con hambre, pobreza, miseria y saqueo el conjunto del pueblo trabajador para el enriquecimiento de unos pocos buitres. Ilegítima, porque nació de una dictadura genocida. Ilegal, porque muchos de los fondos originales ni siquiera se pudo probar que existieron como un crédito normal o nunca llegaron al país. Y fraudulenta, como lo demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000, después de una investigación exhaustiva de Alejandro Olmos (padre). Ese fallo, que declaró culpable a Martínez de Hoz y otros personeros de la dictadura, no tuvo efecto penal alguno porque la causa “había prescripto”. En cuanto a la recomendación, que figura en el propio fallo, de enviar sus resultados al Congreso Nacional, terminó cajoneada y allí duerme desde entonces.
No hay salida para el pueblo trabajador ni posibilidad de desarrollo para nuestro país si no se comienza por dejar de pagar esa deuda, herencia infame de la dictadura. A 50 años de la dictadura genocida, debemos recordar más que nunca que el origen de esta estafa (esa sangría que nos sigue hundiendo) estuvo en las políticas de la dictadura genocida, apoyada por el imperialismo, el FMI y las grandes patronales nacionales y extranjeras.
http://www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/24853-deuda-externa-la-maldita-herencia-economica-de-la-dictadura
El Socialista 11/03/26
El negacionismo de Milei: intentos de indultar a los genocidas y ataques a la memoria
Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
Javier Milei es un negacionista de la última dictadura militar. ¿Qué significa esto? Que pretende instalar una versión falsa de la historia, negando los hechos, relativizando los crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, reivindicando el terrorismo de Estado. Desde que asumió viene atacando a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, desmantelando sitios de memoria (ex centros clandestinos de detención y tortura) y recortando el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura.
Entre sus mentiras, intenta imponer (con todo el aparato estatal) la idea de que no fueron 30 mil las y los desaparecidos. Sin embargo, existe un informe del propio gobierno de Estados Unidos de 1978 (apenas dos años después del golpe) que ya registraba 22 mil desapariciones, cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.
Ahora, a 50 años del golpe, lanza una nueva provocación: pretende perdonar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los mismos genocidas que cumplen condena en cárceles comunes y que fueron visitados por diputados libertarios, a quienes Martín Menem incluso les facilitó una combi del Congreso. Para avanzar, el gobierno tiene dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto presidencial. La primera borra el delito; la segunda perdona la pena. Ambas opciones serían gravísimas.
El antecedente más cercano son los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, que beneficiaron a cientos de militares y civiles responsables de crímenes de la dictadura. El repudio popular fue tan fuerte que la Corte Suprema terminó declarándolos inconstitucionales en 2007. Actualmente está vigente la Ley 27.156, que prohíbe indultar o amnistiar delitos de genocidio y lesa humanidad. Pero Milei ya demostró que no tiene reparos en atropellar consensos básicos institucionales o judiciales.
Sin embargo, la historia también demuestra que cada intento de garantizar impunidad a los genocidas chocó con la lucha popular. Frente a los avances negacionistas del gobierno, la respuesta debe ser más movilización para defender las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.
El Socialista 11/03/26
Fueron citados a declarar represores del cordón industrial Zarate-Campana
Represores y genocidas que actuaron en la zona norte del Gran Buenos Aires, con base en Campo de Mayo, y el cordón industrial de Zárate-Campana fueron citados a declarar para el mes de abril. De todos los citados, tres de ellos nunca habían sido citados antes. Los nueve ex militares y agentes formaron parte del Departamento II de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, que conducía Santiago Omar Riveros.
Carlos Javier Tamini, Carlos Alberto Rojas, Félix Valdís Rodríguez, Roberto Ramos, Eduardo Jorge Taborda, Martín Rodríguez, Guillermo Alberto Amado Domínguez Matheu, Carlos Alberto Rojas y Mario Rubén Domínguez deberán prestar declaración a partir del 7 de abril por sus actos durante la última dictadura cívico-militar.
Algunos de ellos ya cumplen condena y otros procesamientos por delitos de lesa humanidad. Es el caso de Domínguez, Rojas, Domínguez Matheu y Tamini por su involucramiento en las detenciones de Campo de Mayo, que incluyen torturas físicas como las mordidas por “los perros de guerra” y simulacros de fusilamiento.
Las ciudades de Escobar, Campana, Zárate y Lima fueron escenario del exterminio producido por la dictadura con más de 200 desaparecidas/os y asesinadas/os. Siendo parte del cordón industrial más importante del país, donde las y los trabajadores se organizaron fuertemente contra las patronales y la burocracia sindical. Habiendo protagonizado años previos el Villazo y luego siendo parte del Rodrigazo. Lo que derivó en un salto en la represión de las bandas fascistas de la Triple A, antesala del Golpe de marzo de 1976.
Celebramos este paso logrado por los familiares y compañeros de las y los detenidos y desaparecidos. Y destacamos el acompañamiento de la APDH Zárate en la lucha por cárcel para todos los genocidas y cómplices civiles de la última dictadura. A 50 años del Golpe genocida y ante el gobierno negacionista de Milei, decimos ¡Nunca Más! ¡Son 30 mil!
Corresponsal
El Socialista 11/03/26