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Derechos Humanos General Nacional

A 50 años del golpe genocida / ¡El 24M seamos cientos de miles en las calles!

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

Marchemos masivamente a Plaza de Mayo y en todo el país contra los fachos Javier Milei y Donald Trump y el plan motosierra salvaje contra el pueblo trabajador, las mujeres, disidencias y la juventud .

El próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del golpe genocida protagonizado en 1976. Un golpe que tuvo el objetivo de hacer desaparecer a miles de luchadoras y luchadores obreros y estudiantiles para poder aplicar un plan económico al servicio de los grandes empresarios, los bancos y el FMI. Fue orquestado por Estados Unidos, la CIA y el Pentágono mediante el denominado Plan Cóndor, dándose también distintos golpes de estado en otros países latinoamericanos.

Con la resistencia obrera y popular y después de la indignación y movilización de masas que generó la derrota en Malvinas, la dictadura terminó cayendo en 1982. Y en todos los años subsiguientes se siguió enfrentando a los gobiernos de turno, lográndose muchas conquistas. La justicia tuvo que catalogar lo ocurrido como genocidio, se encarcelaron a centenares de militares, en 2005 se anularon las leyes de impunidad Obediencia Debida y Punto Final, entre otros avances. Los pañuelos blancos de Madres y Abuelas recorrieron el mundo. Es al día de hoy que cuando uno va a otro país nos preguntan ¿cómo lo lograron?. Como emblema, recordemos que el máximo representante de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, murió en una cárcel común.

Sin embargo, hoy Argentina es noticia por tener a un presidente ultraderechista en la Casa Rosada que reivindica a la Thatcher, avala las barbaridades de Trump y se abraza con el asesino y genocida del pueblo palestino, Benjamín Netanyahu. Entonces, este 24 de marzo tenemos que ganar las calles masivamente para repudiar al facho de Milei.

A golpear unitariamente como un solo puño

Milei niega el genocidio y a las y los 30 mil. Incluso hay versiones que quiere indultar a los milicos que están presos gracias a la lucha popular. Son los mismos que secuestraron, torturaron, hicieron desaparecer y se apropiaron de bebés nacidos en cautiverio. Por eso este 24M marcharemos por cárcel común y efectiva para todos los genocidas y cómplices civiles y eclesiásticos. Contra la impunidad de ayer y de hoy. La apertura de los archivos de 1974/1983. Por la restitución de la identidad de las y los niños apropiados. Para que se deje de pagar una deuda externa usurera que viene de la dictadura. Contra la reforma laboral esclavista que se aprobó con la traición de la CGT y por el apoyo a las luchas de FATE, la rebelión docente en Catamarca, entre otras tantas de importancia. Y denunciaremos a viva voz el peligroso y servil alineamiento de Milei con Trump y Netanyahu, que están bombardeando a Irán. Levantando bien alto una vez más la defensa de la causa palestina.

Por todos estos motivos es que el 24 será la gran oportunidad para darle un duro revés político al facho de Milei. Y lo tenemos que hacer con un acto unitario, donde nadie baje sus banderas. Así lo aprobó por abrumadora mayoría el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (espacio que se viene movilizando de manera independiente en todos estos años) para coordinar el mismo con los organismos de derechos humanos históricos. Lamentablemente PO y PTS se negaron (ver nota comentarios), cuando se trata de lograr la mayor unidad.

El 24, a su vez, será la oportunidad para reivindicar como parte de los 30 mil a la memoria de nuestras compañeras y compañeros asesinados por la Triple A en los años ‘70 y los más de cien desaparecidos de nuestro partido antecesor, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), quienes peleaban por una Argentina y un mundo socialista. Lucha que seguimos dando hoy desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional (UIT-CI).

Invitamos este 24 a sumarse a las columnas de nuestro partido para marchar de manera unitaria y a participar de las charlas y distintas actividades preparatorias que estamos impulsando.

www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/24857-a-50-anos-del-golpe-genocida-el-24m-seamos-cientos-de-miles-en-las-calles

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Derechos Humanos Nacional

A 50 AÑOS DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE CARLOS SCAFIDE

En enero de 1976, cuando la dictadura militar se estaba preparando para dar el sangriento golpe, la noche del 13 de ese mes, un grupo de ultraderecha amparado por el estado nacional y provincial, secuestró en Ensenada a Carlos Scafide y Salvador “el Pampa” Delaturi, trabajadores de Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar/Techint – flia. Rocca).

“Carlitos” como lo llamábamos todos, era un querido compañero y reconocido activista de esa fábrica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), además de un muy estimado vecino de Ensenada.

Estaba afiliado a ASIMRA, el gremio de los supervisores metalúrgicos. Eso no impedía que tuviera un total compromiso con la lucha de los compañeros afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que enfrentaban a la dirección burocrática del sindicato encabezada por Rubén “el Negro» Diéguez y Antonio “Nino” Di Tomasso. Ambos dirigentes, burócratas entregadores de sus compañeros y aliados de las patronales metalúrgicas. Hombres de la escuela de José Ignacio Rucci, uno de los fundadores de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), banda fascista responsable de más de 80 asesinatos en la región de La Plata. Cabe destacar que Di Tomasso actualmente sigue siendo miembro del secretariado de la UOM (Diéguez fallece en 1984) y titular de la CGT, ambas organizaciones, de La Plata y su región

Cuando lo secuestran a Carlitos, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como por ejemplo “la Masacre de Pacheco” (29 de Mayo 1974) y “la Masacre de La Plata” (4 y 5 de Septiembre 1975), convirtiéndose él en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Perón e Isabel.

Según se sabe, miembros de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organizaciones parapoliciales que tenían vínculos estrechos con los gobiernos nacional de “Isabelita” Perón y provincial del ultraderechista Victorio Calabró (dirigente de la UOM), junto a matones de la burocracia sindical, se identificaron como personal del Ejército y secuestraron de la casa de su madre a Carlitos. Dejaron los cadáveres de “Carlitos” y “el Pampa” acribillados a balazos y dinamitados, como estilaban para que fuese un mensaje terrorífico a todo el activismo.

Los trabajadores de Propulsora exigieron justicia y resolvieron en asamblea de todos los turnos, parar desde el miércoles 14 por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Hubo trabajadores de otras fábricas que se solidarizaron con las medidas de fuerza como Petroquímica Sudamericana de Olmos y Metalúrgica OFA de Villa Elisa. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron aproximadamente la mitad del personal Propulsora.

José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo” habló en el acto en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

A 50 años del asesinato de Carlitos Scafide, como ex militante del glorioso PST y, actualmente de Izquierda Socialista (IS) en el FIT-U y como ex miembro de la comisión interna de Propulsora en la década del ´80, sigo exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. Cuando lo asesinaron, Carlitos tenía solo 29 años. Pero a pesar de su baja edad, su vida y militancia son un ejemplo para las distintas generaciones de militantes revolucionarios que dedican sus vidas a defender la clase obrera y luchan por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.

Carlos Scafide, compañerxs asesinadxs y detenidxs-desaparecidxs del PST y todxs lxs crxs. revolucionarios caídos en la lucha por un mundo mejor: ¡¡¡HASTA EL SOCIALISMO, SIEMPRE!!!

30.400 crxs detenidxs desaparecidxs: ¡¡¡PRESENTES!!!

¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!

peperusconi.blogspot.com/2026/01/a-50-anos-del-secuestro-y-asesinato-de.html

12/01/26

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Derechos Humanos Nacional

Casación anuló un fallo y ordenó profundizar la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la querella y anuló la resolución que había rechazado convocar a declaración indagatoria a dos militares en la causa que investiga la muerte del soldado Mauro José Francisco Ramírez, ocurrida en 2003 mientras se encontraba bajo custodia del Ejército Argentino en la provincia de Misiones.  La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sigue la causa como amicus curiae y acompaña a la familia de Ramírez e insiste con la necesidad de una investigación penal eficaz, exhaustiva, fundada y que considere el cúmulo probatorio que contradice la versión del suicidio.

ANDAR en Misiones

(Agencia) La familia del soldado Mauro Ramírez busca justicia desde hace 22 años desde el día que recibieron la noticia sobre su muerte bajo la versión de un suicidio. El 26 de junio de 2003 en el Destacamento Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad de Apóstoles, Ramírez murió como consecuencia de un disparo con su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de guardia. En menos de tres meses José Antonio Reyes,el  juez provincial de Apóstoles, decidió que se había tratado de un suicidio.

Su madre, Mónica Pintos, peleó hasta el día de hoy para que los dos militares que compartieron el cambio de guardia en el puesto de control aquella mañana, Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, sean llamados a indagatoria. Ahora mediante un fallo dictado el 23 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó la actuación judicial hasta el momento y sostuvo que el caso debe ser analizado a la luz de los estándares internacionales sobre violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos.

“Creo que la palabra que resume mejor lo que me produce este fallo es gratitud para todas las personas y organismos de derechos humanos que acompañaron y lo siguen haciendo a lo largo de estos más de 20 años”, dice Mónica en diálogo con Andar. En su fallo el tribunal recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de investigar de manera seria, imparcial y efectiva toda muerte ocurrida en contextos de restricción de libertad o bajo control de fuerzas armadas o de seguridad y que la omisión de una investigación adecuada puede generar responsabilidad internacional.

Así sostuvo que el rechazo a convocar a indagatoria careció de una fundamentación suficiente y resultó arbitrario y que las instancias anteriores omitieron considerar elementos centrales del expediente, como las irregularidades en la investigación inicial, la pérdida y falta de preservación de pruebas, las contradicciones en testimonios y los informes periciales que descartaron indicadores compatibles con una conducta suicida. El fallo también remarcó la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a acceder a la justicia y a conocer la verdad, especialmente en casos atravesados por posibles responsabilidades estatales.

“Esto no sólo es un avance en la causa de mi hijo, es un fallo que beneficia a muchos otros familiares de víctimas de las fuerzas armadas y de seguridad y me pone muy tranquila, como que puedo andar un nuevo camino con más calma”, evalúa Mónica

www.andaragencia.org/casacion-anulo-un-fallo-y-ordeno-profundizar-la-investigacion-por-la-muerte-del-soldado-mauro-ramirez/

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Megacausa Zona V: condenaron a 31 represores por crímenes de lesa humanidad contra 333 víctimas

El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia, condenó a 31 ex militares  y policías con penas que van desde perpetuas a siete años de prisión. En el juicio se ventilaron crímenes cometidos contra 333 víctimas en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, bajo la jurisdicción del V cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Sólo un de los imputados que llegó a juicio fue absuelto. “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”, dice Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca, que fue parte de la querella en el proceso judicial.

ANDAR en Bahía Blanca

(Christian Madia para Agencia Andar) En el mediodía del viernes 26 de diciembre se leyó la sentencia en la Megacausa de lesa humanidad “Zona V – Bahía Blanca”, que, hasta el momento, debido a sus características, fue el debate más amplio en esa ciudad. Los imputados fueron miembros del ejército, policías y personal del servicio penitenciario acusados de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés y abusos sexuales cometidos contra 333 víctimas tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia. 

De los 52 imputados originales en la causa, sólo 32 llegaron a la sentencia, éstos integraron los grupos represivos que accionaron en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181. El juicio comenzó el 17 de febrero de 2022. Fueron casi cuatro de una causa voluminosa ya que las querellas y la fiscalía consiguieron que el tribunal unificara los 14 tramos con los que contaba originalmente, llegando a la actual megacausa, logrando fallos condenatorios casi en su totalidad. 

La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca fue querellante. ANDAR conversó con Alejandra Santucho, una de sus integrantes: “realmente teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”. “Nosotros íbamos en ‘perdedores’ y no pasó. A veces somos nosotros mismos los que nos la tenemos que creer más, tenernos más confianza a pesar de la evidente realidad”, agrego. 

Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal.”

El otro dato del juicio fueron las condenas por delitos contra la integridad sexual que, como señala el informe anual de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se destaca un notable crecimiento de sentencias que incorporan delitos de violencia sexual en consonancia con las leyes internacionales de derechos humanos.

El fallo del TOF de Bahía Blanca también dispuso que, una vez que la condena quede firme, el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique una publicación periodística por hechos que, en su momento, informó como personas abatidas en enfrentamientos militares cuando, se comprobó en este juicio, que se trató de hechos de secuestros, torturas y desaparición.

La fiscalía resaltó la importancia de la visibilización por parte de algunos medios audiovisuales de esta megacausa por su implicancia para la preservación y transmisión de la memoria histórica, al respecto Alejandra señala: “los medios hegemónicos sólo cubren el inicio y la sentencia de los juicios, pero el ‘durante’ sólo lo hacen los medios alternativos. Nosotros ponemos todo el esfuerzo en la difusión por redes sociales para que quede un registro. Lo sustancial está en la palabra misma de los protagonistas. Y, aunque parezca que a los vecinos no les interesa las cuestiones de derechos humanos, todos los 24 de marzo se moviliza gran cantidad de gente en Bahía Blanca, lo que sucede es que desde el poder nos quieren hacer creer que somos muchos menos de los que realmente somos”.

Alejandra Santucho es hija de Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, ambos militantes peronistas en la JP y montoneros, fueron asesinados en su casa de Melchor Romero (La Plata) el 3 de diciembre de 1976 durante un operativo con más de 200 efectivos que tirotearon su vivienda, “ellos no se dejaron llevar vivos”, cuenta Alejandra. Una de sus hermanas, Mónica de 14 años, fue secuestrada y desaparecida, luego por testimonios se supo que estuvo cautiva en destacamento Arana y luego a la Comisaría 5ta. de La Plata. 

Por toda su historia, como la de tantos hijos e hijas de militantes sociales y políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Alejandra medita acerca de si la justicia tardía es realmente justicia: “creo que es absolutamente reparador lo que pasó con la condena a los genocidas en esta causa. Abrazarse con los familiares, hermanos, con sobrevivientes y con algunas Madres que todavía están con nosotros es muy fuerte. Somos familias atravesadas por el terrorismo de Estado que sana con estos juicios”. 

Santucho concluye taxativamente diciendo: “a más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza. Hay que seguir luchando”.

La lista de condenados

Mario Torres (20 años); Osvaldo Páez (perpetua); Carlos Ferreyra (absuelto); Jorge Massón (perpetua); Jorge Rojas (10 años); Osvaldo Sierra (perpetua); Enrique Del Pino (perpetua); Carlos Villanueva (perpetua); Guillermo González Chipont (perpetua); Norberto Condal (perpetua); Jorge Granada (perpetua); Carlos Taffarel (perpetua); Víctor Aguirre (perpetua); Humberto Adalberti (18 años); Adalberto Bonini (18 años); Bernardo Cabezón (perpetua); José Casanovas (perpetua); Arsenio Lavayén (perpetua); Raúl Domínguez (perpetua); Alejandro Lawless (12 años y 6 meses); Alberto Rey Pardellas (13 años y 2 meses); Jorge Maidana (13 años y 10 meses); Ricardo Gandolfo (13 años y 6 meses); Raúl Andrés (13 años); Enrique Stel (12 años y 6 meses); Eduardo Videla (13 años); Vicente Flores (7 años); Martín Gutiérrez Velasco (7 años); Claudio Kussman (perpetua); Héctor Abelleira (perpetua); Roberto Brunello (18 años); Ernesto Etchart (8 años).

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Acusados por delitos de lesa humanidad fueron absueltos en Rosario: “Es un fallo intentendible”

CAUSA VILLAZO

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría absolver a 17 acusados por los delitos  de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975 como represalia de la pueblada conocida como el Villazo, que sucedió en 1974 en Villa Constitución. Se estableció el día 6 de febrero de 2026 a las 20 horas para la lectura de los fundamentos.

ANDAR en Rosario

(Agencia Andar) El Tribunal, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría la absolución general a los 17 acusados: el ex jefe de división personal de la acería de Villa Constitución, Roberto Pellegrini, y un ex empleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo; los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio y los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el ex oficial de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

“El fallo es inentendible, jurídicamente inentendible, y es un fallo clasista que pareciera de otros tiempos, con un tribunal que no se pone a la altura de los hechos, que no puede afirmar como ya ha afirmado el pueblo argentino que el genocidio empezó antes del 24 de marzo y que Estado argentino, a través de fuerzas clandestinas, fue responsable en esto de manera conjunta con el poder empresario que en este caso lo encarnaba Acindar”, evalúa Julia Giordano, querellante como parte del equipo jurídico de la APDH, que representó a más de 20 víctimas y familiares.

“Este proceso lleva 15 años en la justicia, la denuncia se presentó en 2010 con los primeros que tuvieron la valentía de presentar la denuncia cuando Martínez de Hoz aún estaba vivo. En 13 años hubieron juzgados que dijeron que los delitos eran de lesa humanidad, que no habían prescripto y que debían juzgarse y una Cámara de Apelaciones que también así lo entendió. Esto fue confirmado además por la Cámara de Casación, muchos tribunales nos dieron esa certeza: que los hechos que se imputaban eran delitos de lesa y que la prueba era suficiente para enjuiciar a quienes se sentaron como acusados”, amplía la abogada.

La Fiscalía a cargo de Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del distrito Rosario había pedido penas de prisión perpetua para los dos ex directivos de Acindar; y otras de 10 a 25 años de prisión para ex policías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos. La querella del equipo jurídico de APDH también había solicitado dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

“Las resoluciones del poder judicial nunca escapan al clima de época pero hasta no conocer los fundamentos no podemos adelantar mucho más sobre eso. Sí podemos decir que el dolor que ha generado esto en querellantes familias y sobrevivientes es enorme. No pueden parar de preguntarse cómo después de dos años de testimonios tan coherentes, tan claros, ocurre esta sentencia. Pero siguen unidos, organizados y con la convicción de que esta injusticia no refleja lo que como pueblo ya sabemos que sucedió en Villa Constitución”, agrega.

Los hechos ventilados durante el debate oral ocurrieron entre el 20 y 26 de marzo de 1975 cuando 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar. Durante los hechos represivos que se juzgan en este juicio, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de esa fábrica.

www.andaragencia.org/17-acusados-por-delitos-de-lesa-humanidad-fueron-absueltos-en-rosario-es-un-fallo-intentendible/

Andar 04/11/25

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REPERCUSIONES SOBRE EL JUICIO CONOCIDO COMO LA HUERTA

Torremare: “Fue un grosero error del tribunal no encuadrar los delitos padecidos por trabajadores de fábricas como crímenes de lesa humanidad”

A fines de octubre se realizó la última jornada del juicio en el que se ventilaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Fueron casi cuatro años de audiencias, centenares de testimonios y 191 casos de víctimas de delitos como tormentos, secuestros ilegales y homicidios, entre otros. El abogado querellante por la APDH y miembro de la CPM, Guillermo Torremare, valoró que el veredicto haya sido leído en Tandil, tal como lo reclamaron insistentemente los organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas. La referente de derechos humanos de Tandil, Petra Marzocca, aseguró a ANDAR que una segunda etapa en torno a esta causa será lograr que Casación revierta la gran cantidad de absoluciones otorgadas.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La causa que acaba de ser juzgada es el resultado de varias investigaciones penales que, con los años, se fueron acumulando en un mismo expediente con el objeto de resolver en un mismo debate los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención ubicados en Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores.

Entre ellos, el CCD La Huerta –nombre con el que se conoció popularmente a la causa-  estaba ubicado en la ruta nacional 226, a quince minutos de la ciudad de Tandil, y operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército dentro de la subzona 12.

Luego de 104 jornadas de producción de prueba –solo unas pocas fueron llevadas a en alguna de las ciudades mencionadas y fuera de Mar del Plata, al contrario de lo que reclamaban desde antes del juicio los organismos y sobrevivientes-, el viernes 24 de octubre se dio lectura al veredicto a instancias del Tribunal Oral Federal 1 con asiento en la ciudad balnearia y con la integración de los magistrados Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Sabrina Namer.

Se dictaron ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret, las cuales eran esperadas por las distintas querellas en el juicio. Sin embargo, lo que nadie preveía era que se otorgaran 27 absoluciones, que serán apeladas ante el Tribunal Federal de Casación.

“Ha sido un juicio muy largo, con más de tres años de debate oral y con muy pocas jornadas en las ciudades donde se cometieron los hechos: dos en Tandil y una en Azul, y el resto en Mar del Plata donde tiene asiento el TOF 1. Aun así, pudimos lograr que la lectura del veredicto se realizara en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos de la Provincia y la región”, afirmó a ANDAR el abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare.

“En esa ciudad fue donde se cometieron la mayor cantidad de delitos y donde funcionaron la mayor parte de los 14 CCD investigados. Sobre la parte resolutiva, y aclaramos que aún tenemos que conocer los fundamentos del fallo que se darán a conocer a mediados de diciembre, creemos que evidentemente los jueces han valorado y apreciado la prueba de una forma muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, hay un caso de una de las condenas cuya pena fue establecida en 6 años de prisión para el delito de violación de una víctima mientras ésta permanecía privada ilegalmente de su libertad. Es decir, una pena desproporcionadamente baja”, amplió.

Por su parte, Petra Marzocca -una de las referentes de la organización Memoria por la Vida en Democracia de Tandil y cuyos hermanos y cuñada fueron desaparecidos durante la última dictadura- afirmó a ANDAR que “fue mucho el trabajo de décadas en la búsqueda de pruebas con las que dar precisión y detalles a hechos que ocurrieron hace casi 50 años. Y las dificultades del paso del tiempo quedaron expresadas en el debate oral, con largas discusiones con las defensas acerca del valor de los testimonios”.

Con respecto a las 27 absoluciones dictadas por el tribunal, Marzocca evaluó: “Nunca pensamos que pudieran llegar a tantas y fue muy impactante escucharlo, sobre todo para las víctimas sobrevivientes. Nos plantea una cuestión muy compleja en cuanto a cómo la vamos a abordar ante el Tribunal de Casación. Entendemos que este juicio contó con jueces sin experiencia previa en juicios de lesa humanidad, y eso tal vez puede haber influido en su consideración de los hechos y la valoración de la prueba”.

Cabe aclarar que a cuatro de los que resultaron absueltos no se les había formulado acusación durante el juicio, por lo que la absolución para ellos estaba descontada, pero hay otros imputados –como el civil Julio Méndez, uno de los dueños del predio donde funcionó el centro clandestino de detención la Quinta de los Méndez- que también resultaron beneficiados a pesar de que todo el bloque acusador consideraba probadas las responsabilidades de cada uno.

Asimismo, 16 de los imputados originales que tenía la causa fueron, por el paso del tiempo, apartados de la investigación por problemas de salud o por fallecimiento, lo que evidencia el creciente y preocupante escenario de la impunidad biológica respecto a quienes cometieron delitos imprescriptibles en el marco del terrorismo de estado.

Una de las principales críticas que los organismos de derechos humanos y querellas realizaron al fallo tiene que ver con que los casos de víctimas de trabajadores de fábricas de la zona (Loma Negra, Avellaneda y otras) no fueron considerados en el marco del plan general del terrorismo de estado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires sino como delitos cometidos por fuera de ese contexto, lo que implica la prescripción de la acción penal y la imposibilidad de juzgarlos hoy.

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Derechos humanos: el revisionismo no es solo de derecha

Villarruel encabeza actos organizados por gobiernos peronistas, mientras la CGT intenta enaltecer la figura de José Ignacio Rucci y la Justicia se propone cambiar la jurisprudencia para enjuiciar a la militancia revolucionaria de los años 70′. Piezas de un rompecabezas que amenaza con quebrar el consenso de los últimos 20 años. Por Nicolás Salas, para ANRed.

La llegada al gobierno de la fórmula Milei-Villarruel dio marco institucional a los intentos revisionistas que buscan disputar la historia en torno a los crímenes de la última dictadura militar y el genocidio que dejó 30 mil desapariciones en el país.

Muchos de los que hoy son parte del gobierno fueron oposición abierta a los procesos judiciales que, a partir de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida (2003) y del fallo Simón (2005), llevaron a la cárcel a militares, policías, empresarios y funcionarios eclesiásticos. Los “libertarios” no esconden las cartas, las muestran orgullosos y no dudan en hacerlas públicas en redes o comunicados oficiales.

En la actualidad, la marca se la lleva la Libertad Avanza, pero el revisionismo histórico afecta a otros estratos de la política, sin que necesariamente compartan las mismas coordenadas políticas y humanas que las de los negacionistas. Sectores del peronismo, ese movimiento que había sabido recoger parte de la legitimidad que habían generado los juicios iniciados durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, parecieran sentirse interpelados a reinterpretar lo que hasta hace poco se mostraba como un consenso progresista.

Si bien las tensiones internas siempre estuvieron, se hablaban por lo bajo. Una de ellas tenía que ver con las diferencias en torno a la experiencia de las organizaciones armadas y el debate que representaba el terrorismo de Estado antes de 1976.

Durante el kirchnerismo aquella diferencia pareció quedar sepultada bajo la ola de derechos humanos que, con su programa histórico, arrasó con todo a su paso, incluso con las visiones contemplativas respecto al accionar de la Triple A y la CNU. Las diferencias en el naciente progresismo estuvieron a punto de estallar en agosto de 2003, con las detenciones libradas contra Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. Por aquel entonces, sectores del gobierno decidieron hacer silencio y otros avalarlas como ocurrió con el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La polémica se desactivó con la liberación de los exmontoneros y un pacto de convivencia que duró hasta hace pocos años.

Con el intento de romper el consenso que se venía generando en torno los ´70, el entonces titular de UATRE, Gerónimo Venegas, se puso a la cabeza del proyecto revisionista pidiendo que se incorporara la causa Rucci en el esquema de juicios que empezaban a realizarse. De hecho, el fallecido sindicalista organizó actividades y protestas de las que participaron Hugo Moyano, Juan Manuel De la Sota, Antonio Cafiero, Francisco De Narváez, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros referentes peronistas. Pese a los intentos, estas iniciativas no lograron instalarse en la agenda general de la sociedad pero representaron el germen inicial de la perspectiva que tomará más fuerza con el paso de los años.

Las derrotas del peronismo en 2015 y 2023 cambiaron las condiciones hacia el interior de dicho movimiento. Tomaron más fuerza “los peronistas de Perón” relegados ante la avanzada progresista, y se dio legitimidad a nuevas voces que desde hace décadas vienen trabajando en revisar la historia.

La aparición de Villarruel

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Emotivo homenaje a 50 años de la Masacre de La Plata

Foto de portada: Presentación del acto. 

Escribe José “Pepe” Rusconi

El viernes 19 de septiembre, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, se llevó a cabo un emotivo acto para recordar a los ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) asesinados por bandas fascistas los días 4 y 5 de septiembre de 1975, en la antesala del golpe de Estado. La actividad fue organizada por la Comisión por Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, integrada por familiares, amigos, compañeros de militancia y partidos de izquierda, entre ellos Izquierda Socialista.

El lugar estuvo colmado de militantes y activistas de distintas generaciones. Entre los asistentes se encontraban referentes de derechos humanos como Elsa Pavón (Abuelas de Plaza de Mayo-Asociación Anahí), Marta Úngaro (hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices), Carlos Zaidman (AEDD) y María Laura Bretal (Justicia Ya!).

El acto comenzó con las intervenciones de los abogados de derechos humanos Guadalupe Godoy y Eduardo “el Negro” Soares, quienes denunciaron la impunidad que persiste alrededor de estos crímenes y destacaron la importancia de sostener la lucha por justicia, tanto en este caso como en las causas de lesa humanidad ocurridas antes y después de la dictadura militar. Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria entregaron a los familiares los legajos policiales de algunos de los militantes asesinados, parte del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.
Amigos y compañeros compartieron recuerdos cargados de emoción sobre Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto “Laucha” Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini, Carlos “Diki” Povedano, Oscar Lucatti y Patricia Claverie. También se recordó a Susana Zaldúa y Susana Guzner, hermanas de Adriana y Ana María, quienes lucharon hasta el final de sus vidas para lograr justicia.

En el bloque de intervenciones políticas tomó la palabra la diputada provincial electa Mónica Schlotthauer, en representación de Izquierda Socialista. Recordó que los crímenes de la Triple A fueron el prólogo del terrorismo de Estado que luego instauraría la dictadura.

“El reclamo de justicia ha escrito los nombres de los compañeros de la masacre de La Plata junto a los de la masacre de Pacheco, Rodolfo Ortega Peña y otros miles asesinados por la Triple A”, expresó Mónica. “Esto obligó a reconocer una verdad histórica e incómoda: el terrorismo de Estado empezó con el gobierno antiobrero de Isabelita, un gobierno peronista, respaldado por la putrefacta burocracia sindical”.

Mientras evocaba la memoria de los caídos, la dirigente trazó un puente entre aquella etapa y las luchas actuales. Recordó que en los años previos al golpe se organizaron coordinadoras obreras que lograron unir a miles de trabajadores de distintas fábricas y sindicatos en un frente común de lucha.

“La rebeldía de esos años puso de pie a las coordinadoras que unían a la clase obrera, desde Ensenada hasta Tigre”, afirmó. “Ese ejemplo marcó a toda una generación, incluida la nuestra, y por eso seguimos peleando por la unidad de los luchadores para derrotar a la burocracia sindical que sigue entregando nuestras conquistas”.

Schlotthauer reivindicó también el legado político de los militantes homenajeados, enmarcando sus vidas en la construcción de un partido revolucionario para la clase trabajadora.

“Desde el morenismo seguimos insistiendo en la necesidad de partidos obreros que lleven a la clase trabajadora al poder y avancen en la construcción del socialismo”, dijo. “Cada año que pasa le da la razón a la lucha de nuestros compañeros asesinados”.

El acto contó con la presencia de una amplia delegación de Izquierda Socialista, entre ellos la diputada nacional Mercedes de Mendieta, la legisladora porteña, Mercedes Trimarchi; Miguel Sorans y Mercedes Petit, dirigentes del PST de aquel momento, junto a militantes de larga trayectoria en la corriente morenista. 

Desde la Flotilla Global Sumud, camino a Gaza, enviaron sus saludos el diputado nacional Juan Carlos Giordano y Ezequiel Peressini, quienes participan en una misión internacional en apoyo al pueblo palestino.

El momento más emotivo llegó con la lectura del documento unitario por parte de Nora Zaldúa, hermana de Adriana. Entre aplausos y lágrimas, se reafirmó el compromiso de seguir luchando por justicia y por la causa por la que los ocho militantes dieron la vida.

El cierre se dio con todos los presentes de pie, levantando sus puños y entonando La Internacional, himno de la clase trabajadora. Así se selló la promesa de mantener viva la memoria y de continuar la pelea por la que lucharon Adriana, Hugo, Laucha, Ana María, Lidia, Diki, Oscar y Patricia.
“Vamos a seguir reclamando justicia y repetiremos sus nombres el día que logremos el triunfo definitivo: el día en que los trabajadores gobiernen hacia el socialismo”, concluyó Schlotthauer, arrancando una ovación.


Mónica Schlotthauer habló en nombre de Izquierda Socialista

https://youtu.be/CFHQiSnMXdg

www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/24414-emotivo-homenaje-a-50-anos-de-la-masacre-de-la-plata

El Socialista 24/09/25

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Derechos Humanos Internacional

Desde Argentina exigen aparición con vida de la periodista nicaragüense Fabiola Tercero

Por Prensa UIT-CI

15/10/2024. En el marco del 37º Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, que se realizó en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, con alrededor de 80 mil personas según diversos medios de comunicación, las compañeras de la agrupación feminista Isadora – Mujeres en Lucha y de Izquierda Socialista exigen la aparición con vida de la periodista nicaragüense Fabiola Tercero quien cumple 85 días de «desaparición forzada».

La Diputada Nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Mónica Schlottahuer junto a la diputada de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Trimarchi, la Secretaria General de ATEN (sindicado de docentes de la provincia de Neuquén) Angélica Lagunas y la Diputada Nacional electa Mercedes de Mendieta, denunciaron que la periodista feminista nicaragüense Fabiola Tercero Castro cumple 85 días de «desaparición forzada» y denunció el silencio que guarda al respecto el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

De esta manera se suman a la campaña internacional que realizamos desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) en solidaridad con las organizaciones que piden la aparición de Fabiola y otros activistas desaparecidos, como el exdiputado indígena Brooklyn Rivera y el opositor Jaime Navarrete Blandón.

Desde la UIT-CI llamamos a los sectores que, en el mundo, se reclaman democráticos, como intelectuales, periodistas, artistas, personalidades políticas, sindicales, estudiantiles, de la lucha socio-ambiental a reclamar por la aparición y liberación inmediata de la periodista feminista Fabiola Tercero y demás personas en la misma situación en Nicaragua.

Reproductor de vídeo

uit-ci.org/index.php/2024/10/20/argentina-exigen-aparicion-con-vida-de-la-periodista-nicaraguense-fabiola-tercero/#:~:text=Reproductor%20de%20v%C3%ADdeo

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General

A 55 años de la revuelta de Stonewall: en Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ sigue luchando por sus derechos

Por: Mujeres en Lucha

A 55 años de la histórica primera revuelta de personas sexo género diversas, ocurrida en el local Stonewall en Nueva York, contra la represión y persecución policial, la iniciativa feminista Mujeres en Lucha, aliada en la lucha contra toda forma de explotación, opresión y discriminación, propias del sistema patriarcal y capitalista, nos pronunciamos a favor de la histórica lucha de la comunidad LGBTIQ+ por sus reivindicaciones, que hoy en día en Venezuela siguen estando pendientes y son cada vez más urgentes.

Retroceso en las luchas LGBTIQ+

Después de más de 20 años de falso socialismo, los gobiernos de Chávez y Maduro no solo no han permitido el avance en la conquista de derechos, sino que se ha retrocedido, destinando recursos del Estado para financiar grupos religiosos, conservadores y anti derechos. Estos sectores han establecido vínculos con funcionarios estatales, en distintos niveles del gobierno, con el objetivo de impedir que se haga un debate y se legisle por el derecho al matrimonio igualitario, la identidad de género, ni siquiera el mero cambio de nombre en la cédula de identidad se puede ejercer plenamente en Venezuela, tampoco se ha podido avanzar en una ley contra la discriminación; el reconocimiento de estos derechos es garantía de derechos humanos, tales como salud, educación, vivienda, entre otros. Forzando a buena parte de la población venezolana, especialmente a las personas de escasos recursos, a la migración, a la explotación de sus cuerpos y mano de obra, y exponiéndolos a diversas formas de violencia, poniendo en riesgo sus vidas solo porque su identidad de género y su sexualidad no se corresponde con el mandato machista, blanco y heterosexual.

Tal es el retroceso que están a la orden del día los discursos de odio contra la comunidad sexo, género diversa, tanto en representantes del gobierno nacional, local, autoridades del Ministerio Público, entre otros. No escapan de estos discursos de odio, candidatos y representantes de los partidos de la derecha patronal que para nada tienen en cuenta en sus agendas electorales, responder a las necesidades y derechos de las personas LGBTIQ+, sobre todo porque tradicionalmente esta burguesía patronal está estrechamente vinculada con las más conservadoras creencias religiosas pentecostales, evangélicas y cristianas.

Una vez más el gobierno de falso socialismo y los partidos patronales se dan la mano cuando se trata de discriminación, opresión y explotación de la población como cantera para imponer una política de ajuste capitalista que se afinca sobre los hombros de las grandes mayorías de los sectores populares para que sostengan a unos pocos sectores económicos privilegiados que requieren, cada vez, acumular más capital, por eso la bonificación de los salarios y pensiones de hambre, junto a la represión selectiva, el amedrentamiento, los discursos de odio, la discriminación, el retroceso en la garantía de derechos, son parte de la misma ecuación tanto para el gobierno como para los partidos patronales. 

Retos del movimiento LGBTIQ+

Este escenario es un gran reto para el movimiento LGBTIQ+. Cada vez es más urgente dar la batalla contra los discursos de odio que se materializan en ataques hacia las identidades, enfrentar el ajuste de los gobiernos y lograr conquistar los derechos humanos correspondientes, sin embargo, la campaña electoral para las presidenciales de este 28 de julio 2024 ha atentado contra la unidad del movimiento. 

Si algo ha quedado demostrado, especialmente en los últimos años, en las movilizaciones y protestas de la comunidad sexo género diversa, es la unidad de acción para enfrentar la lucha por sus reivindicaciones. A pesar de la diversidad de visiones políticas, cada una de las organizaciones sociales defensoras de estos derechos, ha actuado de manera unitaria en la defensa de sus principales reclamos, sin embargo, recientemente algunos referentes del movimiento optaron por apoyar al candidato de la derecha patronal, Edmundo González Urrutia, lo que produjo tensiones en el movimiento producto de la amenaza de que prevalecieran intereses político-electorales por encima de la lucha unificada por la conquista de históricas y urgentes reivindicaciones.

Desde Mujeres en Lucha seguiremos haciendo un llamado amplio para impulsar las movilizaciones de la clase trabajadora, las juventudes, mujeres y disidencias por la conquista y defensa de cada uno de los derechos por la dignidad de la humanidad hasta lograr alcanzar un mundo socialista, donde vivamos plenamente en una real libertad.

¡Iglesia y Estado asunto separado!

¡Contra toda forma de explotación, opresión, discriminación y violencia!

¡Hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos!

LaClase.info 04/07/27