A casi 50 años del golpe genocida, la verdad se abre paso entre los pastizales y el silencio cómplice del Ejército. En las últimas horas, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó la identificación de los restos de 12 personas que habían sido enterradas clandestinamente en los predios militares cercanos al ex centro de exterminio La Perla. Este hallazgo en la zona de Loma del Torito es el resultado de la persistencia de los organismos de derechos humanos y del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tras décadas de impunidad, la tecnología láser (Lidar) y el cruce de fotografías aéreas de 1979 confirmaron lo que el poder militar intentó ocultar: que el horror no fue un “exceso”, sino un plan sistemático de exterminio. Por Raúl Gómez, para Periodismo de Izquierda.
La técnica del horror: Desaparecer la desaparición
Las tareas desarrolladas durante 68 días en 2025 sacaron a la luz una realidad desgarradora. Los restos hallados no estaban en esqueletos completos, sino “desarticulados y dispersos” Esta es la huella material de la “Operación Claridad” de 1979, cuando los genocidas, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usaron maquinaria pesada para remover fosas y “compactar” cuerpos, intentando borrar sus crímenes.
Según confesiones de represores, como el teniente coronel Bruno Laborda, los restos fueron trasladados hacia las salinas de La Rioja. Lo que el EAAF encontró en Loma del Torito son los fragmentos que el odio no pudo borrar del todo. Como señalaron los familiares en un reciente comunicado: “No solo los escondieron: los cuerpos no están enteros, están revueltos en la tierra, desarticulados, profanados. Entre los sedimentos se halló una cadenita, un objeto personal que sobrevivió al ácido y al fuego, y que hoy sirve para reconstruir una identidad arrebatada.
La Perla: La letalidad del Tercer Cuerpo
De acuerdo a lo se ha podido reconstruir por La Perla pasaron aproximadamente 2.500 detenidos-desaparecidos. Los camiones Mercedes Benz partían por las tardes cargados de compañeros vendados y amordazados, para regresar apenas 30 minutos después. Ese era el tiempo que les tomaba a los fusiladores cumplir su tarea y arrojar los cuerpos a las fosas ya preparadas en los predios de la Guarnición Militar de La Calera.
Las identificaciones actuales cuentan con un 100% de grado de certeza genética. Los querellantes y sobrevivientes ya exigen una Ley de Búsqueda que convierta la recuperación de los restos en una política de Estado innegociable, independientemente del gobierno de turno.
Debemos tomar este hallazgo como una victoria de la lucha popular contra la impunidad de los asesinos. Mientras sectores del poder político intentan rehabilitar la teoría de los “dos demonios” o poner en duda la cifra de los 30.000, la tierra en Córdoba echa luz sobre la oscuridad.
No es solo un hallazgo arqueológico; es un acto de justicia para quienes eran estudiantes, obreros y militantes con proyectos de vida truncados por el terrorismo de Estado. La identificación de estos 12 compañeros nos reafirma en nuestra exigencia histórica: apertura de todos los archivos de inteligencia ya. Los militares saben dónde está cada uno de los restos que faltan. Su silencio sigue siendo un crimen en proceso.
Contra el negacionismo y el plan de hambre, unidad en las calles
El golpe militar estuvo al servicio del plan de las grandes empresas y el FMI. La resistencia obrera y popular terminó derribando a la dictadura en 1982. Pero desde 1983 los sucesivos gobiernos continuaron aplicando los planes de ajuste y saqueo del FMI. La lucha continúa bajo el gobierno de Javier Milei.
En marzo de 1976 los militares dieron el golpe e instalaron el terrorismo de Estado, un régimen de represión generalizada. Fueron suprimidas todas las libertades democráticas, intervenidas las organizaciones obreras y suspendida la actividad de los partidos políticos. La dictadura masificó los métodos represivos que ya se venían aplicando bajo el gobierno de Isabel Perón, impulsados por el siniestro ministro José López Rega, las patotas de la burocracia sindical y la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).1 Miles fueron a las cárceles, torturados, asesinados y desaparecidos. Así buscaron aniquilar a la vanguardia de luchadoras y luchadores. Por eso gran parte de los 30 mil detenidos-desaparecidos son dirigentes, delegados y activistas sindicales y estudiantiles.
El movimiento obrero y popular fue derrotado, al tiempo que las patronales y el imperialismo lanzaron un ataque implacable para imponer sus planes de hambre y entrega bajo la batuta del general Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Su objetivo era aplicar un plan económico de liquidación de las conquistas sociales y de saqueo del país. El genocidio se puso al servicio del FMI, de los grandes empresarios extranjeros y nacionales como Techint de la familia Rocca, Loma Negra de Amalita Fortabat, Molinos de los Pérez Companc, los Pescarmona o los Macri; también al servicio del capital financiero y de la estafa de la deuda externa.
Mientras esto sucedía, el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Adolfo Tortolo, convocaba a colaborar con el gobierno de Videla. Hoy, mientras Javier Milei niega el genocidio, los políticos patronales se llenan la boca hablando de “democracia” y repudian a la dictadura, pero en ese entonces acudían presurosos a colaborar. Los radicales aportaron embajadores e intendentes a la dictadura. El justicialista Tomás de Anchorena fue embajador en Francia. Muchos de ellos concurrieron a la confitería El Molino el 1º de diciembre de 1978 a la cena anual del Círculo de exlegisladores. El encargado del brindis fue el mismo Videla y entre los presentes estaban los radicales Ricardo Balbín y Antonio Tróccoli, treinta ex diputados justicialistas y hasta ex diputados comunistas, como Jesús Mira y Juan Carlos Comínguez.2
La resistencia, Malvinas y el fin de la dictadura
En medio de semejante horror empezó la resistencia obrera y popular que finalmente llevaría a la caída de la dictadura. Los militares, que venían para quedarse por décadas en el poder, duraron siete años. En su crisis y caída la clase trabajadora tuvo un protagonismo central.
A pesar de la derrota del golpe, las y los trabajadores empezaron una lenta recuperación. Ya en mayo de 1976, en Renault de Córdoba reclamaban aumento salarial con “trabajo a tristeza”. En los años siguientes hubo luchas de Luz y Fuerza, portuarios, trabajadores de subterráneos y ferroviarios. En 1979 hubo huelgas en Alpargatas, IME, Renault, Ferrum, Galileo, Capea, Santa Rosa (después Acindar) y Siam. Entre tanto, en abril de 1977 se realizó la primera ronda de las que luego serían las Madres de Plaza de Mayo.
En 1980 se produjo una grave crisis económica. Se terminaba la época de la “plata dulce” y sectores de la clase media, que habían paseado por el mundo porque había un dólar barato, comenzaron a entrar en crisis. La dictadura se quedaba así sin apoyo social, con la clase media uniéndose de hecho a la resistencia obrera. Aparecieron acciones populares moleculares cada vez más importantes: movimientos contra la censura de intelectuales y artistas o contra los impuestazos, y fue tomando forma la consigna “abajo la dictadura”. En julio de 1981 se produjo una huelga general parcial de la CGT.
La dictadura empezó a tener cada vez más dificultades y a entrar en crisis. En 1982, en un intento desesperado por sostenerse, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, ahora al frente de la dictadura, lanzó la toma de Malvinas. El objetivo era tratar de desviar hacia los ingleses el odio popular creciente contra la dictadura. En ningún momento creyeron que iba a haber una guerra. Insólitamente creían que el imperialismo yanqui los iba a apoyar en una negociación con los ingleses para quedarse con las Malvinas. Cometieron varios errores a la vez. Los yanquis se unieron a los ingleses y la guerra de Malvinas provocó una movilización de masas antiimperialista, nacional y latinoamericana, que fue contra el gobierno militar, que rápidamente capituló. El papa Juan Pablo II vino al país para reforzar la actitud derrotista de la burguesía argentina. El 15 de junio una concentración popular en Plaza de Mayo gritaba: “Los pibes murieron, los jefes los vendieron”. Se produjo un vacío de poder. La dictadura caía. Galtieri tuvo que renunciar y los militares no tuvieron otra salida que irse a las corridas a negociar con los políticos patronales para convocar a elecciones.
Desde aquel lejano abril de 1977, cuando un grupo de madres comenzó a girar alrededor de la Pirámide de Mayo, la lucha por los derechos humanos ya no se detuvo en la Argentina, hasta transformarse en una auténtica “marca” y en un ejemplo a nivel internacional.
En un movimiento que fue creciendo, con organismos viejos y nuevos y con generaciones de militantes que se fueron renovando, ni los militares genocidas, ni las maniobras de los distintos gobiernos posteriores, ni el negacionismo de ultraderecha de hoy lograron impedir que esa lucha siguiera creciendo y masificándose.
Ya en el último año de la dictadura, en medio de una auténtica revolución democrática, eran centenares de miles quienes se convocaban y marchaban contra los intentos de impunidad de los militares en retirada.
Así, multitudinarias marchas tiraron abajo la “autoamnistía” de Bignone, los intentos de impunidad mediante un falso “juicio” realizado por el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas e impusieron el ya histórico Juicio a las Juntas, y todos los procesos que le siguieron. Miles declararon ante la Conadep y otros tantos fueron testigos en aquellos juicios de la década del ’80. También fueron centenares de miles quienes repudiaron las primeras leyes de impunidad, el Punto Final y la Obediencia Debida, impulsadas por el entonces presidente Alfonsín.
Luego vinieron los indultos de Menem, que también se dictaron mientras centenares de miles expresaban su repudio en las calles. En los ’90, cuando muchos apostaban a que la lucha contra la impunidad estaba derrotada, ésta resurgió con fuerza en la impresionante marcha del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe. Allí nació el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también aparecieron nuevos organismos, como HIJOS, que revitalizaron con una nueva generación esta lucha.
En una época marcada por la impunidad y por la imposibilidad de avanzar con los juicios, se generalizaron los escraches, yendo a buscar a los genocidas a sus propias casas. También se encontró el resquicio legal de las causas por apropiación de bebés y de los llamados juicios por la verdad, que, aun con limitadas herramientas jurídicas, siguieron sentando genocidas en el banquillo de los acusados.
Después del Argentinazo de diciembre de 2001, el reclamo se fortaleció y masificó aún más, logrando en poco tiempo la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los indultos. Se reanudaron los juicios. Las marchas multitudinarias de cada 24 de marzo continuaron creciendo, incluso a pesar de la crisis generada a partir de 2006 por la cooptación, por parte del gobierno kirchnerista, de un conjunto de organismos históricos.
Los centros clandestinos de detención fueron señalizados y transformados en sitios de memoria, visitados desde entonces por miles de personas, tanto del país como del extranjero. La ex ESMA, el más importante de ellos, llegó a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Cada intento de avanzar con la impunidad fue repudiado masivamente y obligado a retroceder, como ocurrió con la gigantesca movilización contra el fallo del “2×1” de la Corte Suprema en 2017.
Durante todos estos años tampoco se dejó pasar ninguno de los nuevos casos de violaciones a los derechos humanos. Multitudinarias movilizaciones de repudio se realizaron frente a los asesinatos de Víctor Choque o Teresa Rodríguez en los años ’90; de Kosteki y Santillán en 2002; de Mariano Ferreyra en 2010; o de Santiago Maldonado en 2017, por citar algunos de los casos más resonantes. Lo mismo sucedió con la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006.
Pasaron 50 años. Hoy el gobierno de Javier Milei pretende dar vuelta atrás esta historia con su avanzada negacionista. No lo logrará. La lucha contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia, ya es un patrimonio multitudinario del pueblo argentino. Tal como se grita en las calles: ¡Cómo a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!
Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad
Marchemos masivamente a Plaza de Mayo y en todo el país contra los fachos Javier Milei y Donald Trump y el plan motosierra salvaje contra el pueblo trabajador, las mujeres, disidencias y la juventud .
El próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del golpe genocida protagonizado en 1976. Un golpe que tuvo el objetivo de hacer desaparecer a miles de luchadoras y luchadores obreros y estudiantiles para poder aplicar un plan económico al servicio de los grandes empresarios, los bancos y el FMI. Fue orquestado por Estados Unidos, la CIA y el Pentágono mediante el denominado Plan Cóndor, dándose también distintos golpes de estado en otros países latinoamericanos.
Con la resistencia obrera y popular y después de la indignación y movilización de masas que generó la derrota en Malvinas, la dictadura terminó cayendo en 1982. Y en todos los años subsiguientes se siguió enfrentando a los gobiernos de turno, lográndose muchas conquistas. La justicia tuvo que catalogar lo ocurrido como genocidio, se encarcelaron a centenares de militares, en 2005 se anularon las leyes de impunidad Obediencia Debida y Punto Final, entre otros avances. Los pañuelos blancos de Madres y Abuelas recorrieron el mundo. Es al día de hoy que cuando uno va a otro país nos preguntan ¿cómo lo lograron?. Como emblema, recordemos que el máximo representante de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, murió en una cárcel común.
Sin embargo, hoy Argentina es noticia por tener a un presidente ultraderechista en la Casa Rosada que reivindica a la Thatcher, avala las barbaridades de Trump y se abraza con el asesino y genocida del pueblo palestino, Benjamín Netanyahu. Entonces, este 24 de marzo tenemos que ganar las calles masivamente para repudiar al facho de Milei.
A golpear unitariamente como un solo puño
Milei niega el genocidio y a las y los 30 mil. Incluso hay versiones que quiere indultar a los milicos que están presos gracias a la lucha popular. Son los mismos que secuestraron, torturaron, hicieron desaparecer y se apropiaron de bebés nacidos en cautiverio. Por eso este 24M marcharemos por cárcel común y efectiva para todos los genocidas y cómplices civiles y eclesiásticos. Contra la impunidad de ayer y de hoy. La apertura de los archivos de 1974/1983. Por la restitución de la identidad de las y los niños apropiados. Para que se deje de pagar una deuda externa usurera que viene de la dictadura. Contra la reforma laboral esclavista que se aprobó con la traición de la CGT y por el apoyo a las luchas de FATE, la rebelión docente en Catamarca, entre otras tantas de importancia. Y denunciaremos a viva voz el peligroso y servil alineamiento de Milei con Trump y Netanyahu, que están bombardeando a Irán. Levantando bien alto una vez más la defensa de la causa palestina.
Por todos estos motivos es que el 24 será la gran oportunidad para darle un duro revés político al facho de Milei. Y lo tenemos que hacer con un acto unitario, donde nadie baje sus banderas. Así lo aprobó por abrumadora mayoría el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (espacio que se viene movilizando de manera independiente en todos estos años) para coordinar el mismo con los organismos de derechos humanos históricos. Lamentablemente PO y PTS se negaron (ver nota comentarios), cuando se trata de lograr la mayor unidad.
El 24, a su vez, será la oportunidad para reivindicar como parte de los 30 mil a la memoria de nuestras compañeras y compañeros asesinados por la Triple A en los años ‘70 y los más de cien desaparecidos de nuestro partido antecesor, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), quienes peleaban por una Argentina y un mundo socialista. Lucha que seguimos dando hoy desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional (UIT-CI).
Invitamos este 24 a sumarse a las columnas de nuestro partido para marchar de manera unitaria y a participar de las charlas y distintas actividades preparatorias que estamos impulsando.
En enero de 1976, cuando la dictadura militar se estaba preparando para dar el sangriento golpe, la noche del 13 de ese mes, un grupo de ultraderecha amparado por el estado nacional y provincial, secuestró en Ensenada a Carlos Scafide y Salvador “el Pampa” Delaturi, trabajadores de Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar/Techint – flia. Rocca).
“Carlitos” como lo llamábamos todos, era un querido compañero y reconocido activista de esa fábrica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), además de un muy estimado vecino de Ensenada.
Estaba afiliado a ASIMRA, el gremio de los supervisores metalúrgicos. Eso no impedía que tuviera un total compromiso con la lucha de los compañeros afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que enfrentaban a la dirección burocrática del sindicato encabezada por Rubén “el Negro» Diéguez y Antonio “Nino” Di Tomasso. Ambos dirigentes, burócratas entregadores de sus compañeros y aliados de las patronales metalúrgicas. Hombres de la escuela de José Ignacio Rucci, uno de los fundadores de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), banda fascista responsable de más de 80 asesinatos en la región de La Plata. Cabe destacar que Di Tomasso actualmente sigue siendo miembro del secretariado de la UOM (Diéguez fallece en 1984) y titular de la CGT, ambas organizaciones, de La Plata y su región
Cuando lo secuestran a Carlitos, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como por ejemplo “la Masacre de Pacheco” (29 de Mayo 1974) y “la Masacre de La Plata” (4 y 5 de Septiembre 1975), convirtiéndose él en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Perón e Isabel.
Según se sabe, miembros de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) y la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organizaciones parapoliciales que tenían vínculos estrechos con los gobiernos nacional de “Isabelita” Perón y provincial del ultraderechista Victorio Calabró (dirigente de la UOM), junto a matones de la burocracia sindical, se identificaron como personal del Ejército y secuestraron de la casa de su madre a Carlitos. Dejaron los cadáveres de “Carlitos” y “el Pampa” acribillados a balazos y dinamitados, como estilaban para que fuese un mensaje terrorífico a todo el activismo.
Los trabajadores de Propulsora exigieron justicia y resolvieron en asamblea de todos los turnos, parar desde el miércoles 14 por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Hubo trabajadores de otras fábricas que se solidarizaron con las medidas de fuerza como Petroquímica Sudamericana de Olmos y Metalúrgica OFA de Villa Elisa. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron aproximadamente la mitad del personal Propulsora.
José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo” habló en el acto en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.
A 50 años del asesinato de Carlitos Scafide, como ex militante del glorioso PST y, actualmente de Izquierda Socialista (IS) en el FIT-U y como ex miembro de la comisión interna de Propulsora en la década del ´80, sigo exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. Cuando lo asesinaron, Carlitos tenía solo 29 años. Pero a pesar de su baja edad, su vida y militancia son un ejemplo para las distintas generaciones de militantes revolucionarios que dedican sus vidas a defender la clase obrera y luchan por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.
Carlos Scafide, compañerxs asesinadxs y detenidxs-desaparecidxs del PST y todxs lxs crxs. revolucionarios caídos en la lucha por un mundo mejor: ¡¡¡HASTA EL SOCIALISMO, SIEMPRE!!!
La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la querella y anuló la resolución que había rechazado convocar a declaración indagatoria a dos militares en la causa que investiga la muerte del soldado Mauro José Francisco Ramírez, ocurrida en 2003 mientras se encontraba bajo custodia del Ejército Argentino en la provincia de Misiones. La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, sigue la causa como amicus curiae y acompaña a la familia de Ramírez e insiste con la necesidad de una investigación penal eficaz, exhaustiva, fundada y que considere el cúmulo probatorio que contradice la versión del suicidio.
ANDAR en Misiones
(Agencia) La familia del soldado Mauro Ramírez busca justicia desde hace 22 años desde el día que recibieron la noticia sobre su muerte bajo la versión de un suicidio. El 26 de junio de 2003 en el Destacamento Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad de Apóstoles, Ramírez murió como consecuencia de un disparo con su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de guardia. En menos de tres meses José Antonio Reyes,el juez provincial de Apóstoles, decidió que se había tratado de un suicidio.
Su madre, Mónica Pintos, peleó hasta el día de hoy para que los dos militares que compartieron el cambio de guardia en el puesto de control aquella mañana, Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, sean llamados a indagatoria. Ahora mediante un fallo dictado el 23 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó la actuación judicial hasta el momento y sostuvo que el caso debe ser analizado a la luz de los estándares internacionales sobre violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos.
“Creo que la palabra que resume mejor lo que me produce este fallo es gratitud para todas las personas y organismos de derechos humanos que acompañaron y lo siguen haciendo a lo largo de estos más de 20 años”, dice Mónica en diálogo con Andar. En su fallo el tribunal recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de investigar de manera seria, imparcial y efectiva toda muerte ocurrida en contextos de restricción de libertad o bajo control de fuerzas armadas o de seguridad y que la omisión de una investigación adecuada puede generar responsabilidad internacional.
Así sostuvo que el rechazo a convocar a indagatoria careció de una fundamentación suficiente y resultó arbitrario y que las instancias anteriores omitieron considerar elementos centrales del expediente, como las irregularidades en la investigación inicial, la pérdida y falta de preservación de pruebas, las contradicciones en testimonios y los informes periciales que descartaron indicadores compatibles con una conducta suicida. El fallo también remarcó la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a acceder a la justicia y a conocer la verdad, especialmente en casos atravesados por posibles responsabilidades estatales.
“Esto no sólo es un avance en la causa de mi hijo, es un fallo que beneficia a muchos otros familiares de víctimas de las fuerzas armadas y de seguridad y me pone muy tranquila, como que puedo andar un nuevo camino con más calma”, evalúa Mónica
A 21 años de la masacre de Cromañón, familiares y sobrevivientes vuelven a las calles para homenajear a las 194 víctimas y denunciar que la tragedia fue consecuencia directa de la desidia estatal. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue siendo una construcción colectiva frente al intento permanente de clausurar responsabilidades. Por ANRed
Hoy se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón, un crimen social que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, en su mayoría jóvenes, durante un recital que diera la banda Callejeros en un local que no reunía las mínimas condiciones de seguridad. Lejos de tratarse de un accidente, familiares y sobrevivientes insisten en que fue el resultado de una trama de negligencias, habilitaciones irregulares, corrupción y controles estatales inexistentes.
Como cada año, la fecha estará marcada por el recuerdo y la memoria de un doloroso suceso que no puede volver a suceder. Las actividades de este nuevo aniversario se inscriben en una jornada de conmemoración, construida colectivamente por familiares y sobrevivientes, que combinan el homenaje, el duelo y la denuncia pública.
La masacre de Cromañón fue posible porque el boliche funcionaba con sobrepoblación extrema, salidas de emergencia cerradas, materiales inflamables y un sistema de inspecciones estatales que falló de manera sistemática. Para las organizaciones, el Estado no sólo no protegió, sino que habilitó y permitió el funcionamiento de un espacio que puso en riesgo miles de vidas.
A más de dos décadas, las familias denuncian que la justicia fue parcial y que las responsabilidades políticas y estructurales nunca fueron plenamente saldadas. Sin embargo, la persistencia de la organización colectiva logró que Cromañón se mantenga como una causa viva, un símbolo de lucha contra la impunidad y una advertencia frente a nuevas tragedias evitables.
La conmemoración vuelve a poner en el centro que la memoria es una práctica activa, sostenida en la calle, en el santuario y en cada acto de denuncia. A 21 años, Cromañón sigue siendo una herida abierta y un reclamo vigente: sin políticas públicas, sin controles reales y sin un Estado responsable, las muertes se repiten.
Actividades por los 21 años de Cromañón
Jornada de conmemoración
18 hs – Misa en homenaje a las víctimas en la Catedral Metropolitana.
19.30 hs – Marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón.
20.30 hs – Acto central en el Santuario: lectura de documentos, testimonios de familiares y sobrevivientes, intervenciones artísticas y música en vivo.
El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia, condenó a 31 ex militares y policías con penas que van desde perpetuas a siete años de prisión. En el juicio se ventilaron crímenes cometidos contra 333 víctimas en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, bajo la jurisdicción del V cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Sólo un de los imputados que llegó a juicio fue absuelto. “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”, dice Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca, que fue parte de la querella en el proceso judicial.
ANDAR en Bahía Blanca
(Christian Madia para Agencia Andar) En el mediodía del viernes 26 de diciembre se leyó la sentencia en la Megacausa de lesa humanidad “Zona V – Bahía Blanca”, que, hasta el momento, debido a sus características, fue el debate más amplio en esa ciudad. Los imputados fueron miembros del ejército, policías y personal del servicio penitenciario acusados de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés y abusos sexuales cometidos contra 333 víctimas tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia.
De los 52 imputados originales en la causa, sólo 32 llegaron a la sentencia, éstos integraron los grupos represivos que accionaron en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181. El juicio comenzó el 17 de febrero de 2022. Fueron casi cuatro de una causa voluminosa ya que las querellas y la fiscalía consiguieron que el tribunal unificara los 14 tramos con los que contaba originalmente, llegando a la actual megacausa, logrando fallos condenatorios casi en su totalidad.
La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca fue querellante. ANDAR conversó con Alejandra Santucho, una de sus integrantes: “realmente teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”. “Nosotros íbamos en ‘perdedores’ y no pasó. A veces somos nosotros mismos los que nos la tenemos que creer más, tenernos más confianza a pesar de la evidente realidad”, agrego.
Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal.”
El otro dato del juicio fueron las condenas por delitos contra la integridad sexual que, como señala el informe anual de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se destaca un notable crecimiento de sentencias que incorporan delitos de violencia sexual en consonancia con las leyes internacionales de derechos humanos.
El fallo del TOF de Bahía Blanca también dispuso que, una vez que la condena quede firme, el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique una publicación periodística por hechos que, en su momento, informó como personas abatidas en enfrentamientos militares cuando, se comprobó en este juicio, que se trató de hechos de secuestros, torturas y desaparición.
La fiscalía resaltó la importancia de la visibilización por parte de algunos medios audiovisuales de esta megacausa por su implicancia para la preservación y transmisión de la memoria histórica, al respecto Alejandra señala: “los medios hegemónicos sólo cubren el inicio y la sentencia de los juicios, pero el ‘durante’ sólo lo hacen los medios alternativos. Nosotros ponemos todo el esfuerzo en la difusión por redes sociales para que quede un registro. Lo sustancial está en la palabra misma de los protagonistas. Y, aunque parezca que a los vecinos no les interesa las cuestiones de derechos humanos, todos los 24 de marzo se moviliza gran cantidad de gente en Bahía Blanca, lo que sucede es que desde el poder nos quieren hacer creer que somos muchos menos de los que realmente somos”.
Alejandra Santucho es hija de Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, ambos militantes peronistas en la JP y montoneros, fueron asesinados en su casa de Melchor Romero (La Plata) el 3 de diciembre de 1976 durante un operativo con más de 200 efectivos que tirotearon su vivienda, “ellos no se dejaron llevar vivos”, cuenta Alejandra. Una de sus hermanas, Mónica de 14 años, fue secuestrada y desaparecida, luego por testimonios se supo que estuvo cautiva en destacamento Arana y luego a la Comisaría 5ta. de La Plata.
Por toda su historia, como la de tantos hijos e hijas de militantes sociales y políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Alejandra medita acerca de si la justicia tardía es realmente justicia: “creo que es absolutamente reparador lo que pasó con la condena a los genocidas en esta causa. Abrazarse con los familiares, hermanos, con sobrevivientes y con algunas Madres que todavía están con nosotros es muy fuerte. Somos familias atravesadas por el terrorismo de Estado que sana con estos juicios”.
Santucho concluye taxativamente diciendo: “a más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza. Hay que seguir luchando”.
La lista de condenados
Mario Torres (20 años); Osvaldo Páez (perpetua); Carlos Ferreyra (absuelto); Jorge Massón (perpetua); Jorge Rojas (10 años); Osvaldo Sierra (perpetua); Enrique Del Pino (perpetua); Carlos Villanueva (perpetua); Guillermo González Chipont (perpetua); Norberto Condal (perpetua); Jorge Granada (perpetua); Carlos Taffarel (perpetua); Víctor Aguirre (perpetua); Humberto Adalberti (18 años); Adalberto Bonini (18 años); Bernardo Cabezón (perpetua); José Casanovas (perpetua); Arsenio Lavayén (perpetua); Raúl Domínguez (perpetua); Alejandro Lawless (12 años y 6 meses); Alberto Rey Pardellas (13 años y 2 meses); Jorge Maidana (13 años y 10 meses); Ricardo Gandolfo (13 años y 6 meses); Raúl Andrés (13 años); Enrique Stel (12 años y 6 meses); Eduardo Videla (13 años); Vicente Flores (7 años); Martín Gutiérrez Velasco (7 años); Claudio Kussman (perpetua); Héctor Abelleira (perpetua); Roberto Brunello (18 años); Ernesto Etchart (8 años).
El gobierno de Javier Milei avanza aceleradamente para “redefinir” es decir derogar la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), una norma que desde 2010 protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua. La posibilidad de cambiar su núcleo de protección ambiental aparece como una demanda reiterada del sector minero y de varios gobiernos provinciales que buscan abrir paso a proyectos de megaminería en la cordillera. El avance es contundente: el Ejecutivo analiza tanto un proyecto legislativo como un posible DNU para sortear los tiempos parlamentarios, mientras mantiene mesas de negociación con gobernadores y empresas que reclaman “seguridad jurídica” para desembolsos millonarios. El extractivismo es la prenda de cambio luego del apoyo financiero de EE.UU. y organismos internacionales. Por ANRed.
El eje del conflicto radica en que la ley vigente prohíbe expresamente la actividad minera y otras prácticas extractivas en zonas glaciares y periglaciares. Para el gobierno y el lobby minero, estos límites son “imprecisos” y traban inversiones de cobre, litio y otros minerales críticos. Para las organizaciones socioambientales, comunidades y buena parte del sector científico, la reforma es un retroceso que colocaría en riesgo la principal fuente de agua de la región andina en un contexto donde las cuencas ya sufren crisis hídricas severas. La disputa, lejos de ser técnica, es profundamente política: se trata de definir si el país va a priorizar el agua como bien común o si va a sacrificarla para facilitar negocios extractivos. Para eso también hay que vencer la resistencia de pobladores que han negado el extractivismo para conservar el ambiente. Casos más cercanos fueron las rebeliones en Chubut, Mendoza y Jujuy.
Las provincias mineras, especialmente San Juan, impulsan cambios profundos. Reclaman que la autoridad de aplicación de la ley pase del Estado nacional a las jurisdicciones provinciales, lo que permitiría habilitar proyectos actualmente frenados por el Inventario Nacional de Glaciares. En paralelo, el sector empresarial presiona para acotar la definición de “ambiente periglaciar”, considerada por ellos demasiado amplia. Esa sola modificación habilitaría de inmediato zonas que hoy están protegidas. Las cámaras mineras insisten en que sin una nueva redacción no habrá inversiones que, según sus proyecciones, podrían alcanzar entre 3.000 y 15.000 millones de dólares cifras que nunca se cumplen teniendo en cuenta el bajo numero de trabajadores que implementa las mineras.
Del otro lado, científicos y comunidades advierten que cualquier recorte en la protección del ambiente periglaciar implicaría impactos irreversibles. Los glaciares funcionan como reguladores naturales del agua: almacenan y liberan caudales que sostienen la vida de pueblos enteros, la producción agrícola y los ecosistemas de montaña. Numerosos especialistas sostienen que la presión para redefinir la ley surge más de intereses económicos que de necesidad técnica. La evidencia científica es clara respecto del papel crítico del periglaciar en la estabilidad hídrica, y sobre los riesgos que implica intervenirlo con explosiones, drenajes ácidos, movimientos de suelos y desvío de cursos de agua propios de la megaminería.
La reforma también está rodeada de tensiones institucionales. Una eventual derogación por DNU abriría una batalla judicial inmediata, dado que la Corte Suprema ya validó la constitucionalidad de la ley en fallos previos. Pero incluso la vía legislativa enfrenta resistencias sociales crecientes. En varias provincias cordilleranas se multiplican comunicados, asambleas y movilizaciones en defensa del agua, advirtiendo que la reforma no solo impactaría en los glaciares, sino en las formas de vida y en los territorios donde comunidades indígenas, campesinas y urbanas dependen de cuencas cada vez más frágiles.
El debate expone una contradicción estructural. El gobierno presenta la reforma como parte de una “oportunidad histórica” para atraer inversiones y posicionar al país en la demanda global de minerales críticos. Esa visión choca con la crisis ambiental que atraviesa la cordillera y con la urgencia de proteger los últimos reservorios de agua dulce. Mientras se repite la narrativa del progreso económico.
En los últimos días, una frase se volvió central en boca de comunidades, especialistas y organizaciones ambientales: “se puede vivir sin oro, pero no sin agua”. Ese mensaje resume el fondo del conflicto. Lo que está en disputa no es solo una ley, sino un modelo de país. La ofensiva para modificar la Ley de Glaciares aparece como una pieza más de un esquema extractivista que prioriza la renta inmediata por encima de la sustentabilidad, la salud y la soberanía de los territorios.
Tras el hallazgo de peces muertos en torno al Dique Cuesta del Viento, desde la Asamblea de Vecinos Jáchal No se Toca de San Juan denunciaron “un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero (de Barrick Gold) en la cuenca del río Jáchal”. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informaron que, según un estudio, la muerte de esos peces se debió a un fenómeno natural por “niveles bajos de oxígeno disuelto”. Sin embargo desde la Asamblea ya realizaron presentaciones ante la justicia que desmienten la versión oficial. Compartimos comunicado.
LA MORTANDAD DE PECES, AGUAS ABAJO DE VELADERO, SE JUDICIALIZÓ
La Asamblea Jáchal No Se Toca informa que aportó pruebas, que desbaratan la versión oficial del gobierno de San Juan, a las Actuaciones judiciales investigativas por la situación en el Dique Cuesta del Viento. Legajo N° MPF-JA-00734-2025.
El lunes 3 de noviembre de 2025 aparecieron miles de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento (Iglesia-San Juan-Argentina).
El jueves 6 de noviembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó a la comunidad que, “Las evidencias preliminares obtenidas indican que el evento estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto (hipoxia) en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica”.
El viernes 7 la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó análisis junto a especialistas para conocer las condiciones de oxígeno disuelto en el agua en diferentes sectores del Dique Cuesta del Viento. Los resultados dan cuenta que no hay problemas de oxígeno disuelto ya que las mediciones realizadas varían entre 7,84 mg/L y 9,16 mg/L. Es decir, son niveles óptimos de oxígeno disuelto para los Pejerreyes. Cabe aclarar que los Pejerreyes pueden vivir sin ningún tipo de problemas con 6 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua.
Este 11 de noviembre, la Asamblea Jáchal No Se Toca se presentó ante la Unidad Fiscal del Norte (Jáchal) para realizar la denuncia penal y se encontró con la grata noticia que el día miércoles 5 el Fiscal de turno ya había iniciado una investigación penal por el delito de envenenamiento de agua en el Dique Cuesta del Viento. Por ello, se sumaron evidencias que dan cuenta de las condiciones óptimas del oxígeno disuelto en el agua mientras seguían apareciendo pejerreyes muertos en la orilla del Dique. Esto quiere decir que la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan mintió.
Por lo expuesto, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca se le exige al Sr. Gobernador Marcelo Orrego que el gobierno provincial diga la verdad de lo ocurrido con pruebas técnicas fehacientes y confiables (resultados de metales pesados y otros compuestos de la actividad minera a través de análisis de agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal que son los que aportan el agua al Dique Cuesta del Viento, también análisis de metales pesados en barros y peces del mencionado dique) y al Intendente Matías Espejo que convoque, en forma urgente, a la UNCuyo de Mendoza para realizar los análisis de agua según la Ordenanza Agua Segura, ya que hace dos años que no se hacen esos análisis.
