A 21 años de la masacre de Cromañón, familiares y sobrevivientes vuelven a las calles para homenajear a las 194 víctimas y denunciar que la tragedia fue consecuencia directa de la desidia estatal. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue siendo una construcción colectiva frente al intento permanente de clausurar responsabilidades. Por ANRed
Hoy se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón, un crimen social que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, en su mayoría jóvenes, durante un recital que diera la banda Callejeros en un local que no reunía las mínimas condiciones de seguridad. Lejos de tratarse de un accidente, familiares y sobrevivientes insisten en que fue el resultado de una trama de negligencias, habilitaciones irregulares, corrupción y controles estatales inexistentes.
Como cada año, la fecha estará marcada por el recuerdo y la memoria de un doloroso suceso que no puede volver a suceder. Las actividades de este nuevo aniversario se inscriben en una jornada de conmemoración, construida colectivamente por familiares y sobrevivientes, que combinan el homenaje, el duelo y la denuncia pública.
La masacre de Cromañón fue posible porque el boliche funcionaba con sobrepoblación extrema, salidas de emergencia cerradas, materiales inflamables y un sistema de inspecciones estatales que falló de manera sistemática. Para las organizaciones, el Estado no sólo no protegió, sino que habilitó y permitió el funcionamiento de un espacio que puso en riesgo miles de vidas.
A más de dos décadas, las familias denuncian que la justicia fue parcial y que las responsabilidades políticas y estructurales nunca fueron plenamente saldadas. Sin embargo, la persistencia de la organización colectiva logró que Cromañón se mantenga como una causa viva, un símbolo de lucha contra la impunidad y una advertencia frente a nuevas tragedias evitables.
La conmemoración vuelve a poner en el centro que la memoria es una práctica activa, sostenida en la calle, en el santuario y en cada acto de denuncia. A 21 años, Cromañón sigue siendo una herida abierta y un reclamo vigente: sin políticas públicas, sin controles reales y sin un Estado responsable, las muertes se repiten.
Actividades por los 21 años de Cromañón
Jornada de conmemoración
18 hs – Misa en homenaje a las víctimas en la Catedral Metropolitana.
19.30 hs – Marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón.
20.30 hs – Acto central en el Santuario: lectura de documentos, testimonios de familiares y sobrevivientes, intervenciones artísticas y música en vivo.
El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia, condenó a 31 ex militares y policías con penas que van desde perpetuas a siete años de prisión. En el juicio se ventilaron crímenes cometidos contra 333 víctimas en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, bajo la jurisdicción del V cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Sólo un de los imputados que llegó a juicio fue absuelto. “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”, dice Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca, que fue parte de la querella en el proceso judicial.
ANDAR en Bahía Blanca
(Christian Madia para Agencia Andar) En el mediodía del viernes 26 de diciembre se leyó la sentencia en la Megacausa de lesa humanidad “Zona V – Bahía Blanca”, que, hasta el momento, debido a sus características, fue el debate más amplio en esa ciudad. Los imputados fueron miembros del ejército, policías y personal del servicio penitenciario acusados de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés y abusos sexuales cometidos contra 333 víctimas tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia.
De los 52 imputados originales en la causa, sólo 32 llegaron a la sentencia, éstos integraron los grupos represivos que accionaron en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181. El juicio comenzó el 17 de febrero de 2022. Fueron casi cuatro de una causa voluminosa ya que las querellas y la fiscalía consiguieron que el tribunal unificara los 14 tramos con los que contaba originalmente, llegando a la actual megacausa, logrando fallos condenatorios casi en su totalidad.
La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca fue querellante. ANDAR conversó con Alejandra Santucho, una de sus integrantes: “realmente teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”. “Nosotros íbamos en ‘perdedores’ y no pasó. A veces somos nosotros mismos los que nos la tenemos que creer más, tenernos más confianza a pesar de la evidente realidad”, agrego.
Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal.”
El otro dato del juicio fueron las condenas por delitos contra la integridad sexual que, como señala el informe anual de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se destaca un notable crecimiento de sentencias que incorporan delitos de violencia sexual en consonancia con las leyes internacionales de derechos humanos.
El fallo del TOF de Bahía Blanca también dispuso que, una vez que la condena quede firme, el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique una publicación periodística por hechos que, en su momento, informó como personas abatidas en enfrentamientos militares cuando, se comprobó en este juicio, que se trató de hechos de secuestros, torturas y desaparición.
La fiscalía resaltó la importancia de la visibilización por parte de algunos medios audiovisuales de esta megacausa por su implicancia para la preservación y transmisión de la memoria histórica, al respecto Alejandra señala: “los medios hegemónicos sólo cubren el inicio y la sentencia de los juicios, pero el ‘durante’ sólo lo hacen los medios alternativos. Nosotros ponemos todo el esfuerzo en la difusión por redes sociales para que quede un registro. Lo sustancial está en la palabra misma de los protagonistas. Y, aunque parezca que a los vecinos no les interesa las cuestiones de derechos humanos, todos los 24 de marzo se moviliza gran cantidad de gente en Bahía Blanca, lo que sucede es que desde el poder nos quieren hacer creer que somos muchos menos de los que realmente somos”.
Alejandra Santucho es hija de Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, ambos militantes peronistas en la JP y montoneros, fueron asesinados en su casa de Melchor Romero (La Plata) el 3 de diciembre de 1976 durante un operativo con más de 200 efectivos que tirotearon su vivienda, “ellos no se dejaron llevar vivos”, cuenta Alejandra. Una de sus hermanas, Mónica de 14 años, fue secuestrada y desaparecida, luego por testimonios se supo que estuvo cautiva en destacamento Arana y luego a la Comisaría 5ta. de La Plata.
Por toda su historia, como la de tantos hijos e hijas de militantes sociales y políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Alejandra medita acerca de si la justicia tardía es realmente justicia: “creo que es absolutamente reparador lo que pasó con la condena a los genocidas en esta causa. Abrazarse con los familiares, hermanos, con sobrevivientes y con algunas Madres que todavía están con nosotros es muy fuerte. Somos familias atravesadas por el terrorismo de Estado que sana con estos juicios”.
Santucho concluye taxativamente diciendo: “a más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza. Hay que seguir luchando”.
La lista de condenados
Mario Torres (20 años); Osvaldo Páez (perpetua); Carlos Ferreyra (absuelto); Jorge Massón (perpetua); Jorge Rojas (10 años); Osvaldo Sierra (perpetua); Enrique Del Pino (perpetua); Carlos Villanueva (perpetua); Guillermo González Chipont (perpetua); Norberto Condal (perpetua); Jorge Granada (perpetua); Carlos Taffarel (perpetua); Víctor Aguirre (perpetua); Humberto Adalberti (18 años); Adalberto Bonini (18 años); Bernardo Cabezón (perpetua); José Casanovas (perpetua); Arsenio Lavayén (perpetua); Raúl Domínguez (perpetua); Alejandro Lawless (12 años y 6 meses); Alberto Rey Pardellas (13 años y 2 meses); Jorge Maidana (13 años y 10 meses); Ricardo Gandolfo (13 años y 6 meses); Raúl Andrés (13 años); Enrique Stel (12 años y 6 meses); Eduardo Videla (13 años); Vicente Flores (7 años); Martín Gutiérrez Velasco (7 años); Claudio Kussman (perpetua); Héctor Abelleira (perpetua); Roberto Brunello (18 años); Ernesto Etchart (8 años).
La Red de Salud Mental y el Colectivo Internacional de Redes Palestinas de Salud Mental, que representan a profesionales de la salud mental de 20 países, condena la bancarrota ética revelada por el Premio Sigourney 2025 otorgado a la profesora Dana Amir de la Universidad de Haifa. La profesora Amir recibe reconocimiento internacional por su “trabajo pionero” sobre cómo se transmite el trauma a través del lenguaje, por analizar los testimonios de víctimas y perpetradores, por identificar “nuevas vías para la intervención terapéutica” en el trauma –25 meses después de que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas ha concluido que es un genocidio contra los palestinos —
El 16 de septiembre de 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados palestinos concluyó que «Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza» y que «las autoridades israelíes al más alto nivel han orquestado una campaña genocida» con la «intención específica de destruir al pueblo palestino en Gaza». Esto se produce tras meses de advertencias por parte de la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, que utilizaron el mismo término: genocidio. Cabe destacar que, en julio de 2025, dos destacadas organizaciones israelíes de derechos humanos —B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos en Israel— se convirtieron en las primeras organizaciones israelíes en concluir que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, rompiendo un tabú en la sociedad israelí.
No se trata simplemente de una mala elección de momento. Se trata de una hipocresía estructural que pone al descubierto todos los fallos que existen en las instituciones de salud mental occidentales.
La obscenidad de la pericia sin aplicación
La aclamada obra de la profesora Amir examina cómo se transmite el trauma a través del lenguaje, analizando la elección de palabras, el tono, el ritmo y la entonación en los testimonios. Estudia la laguna traumática, las ausencias y los vacíos en la forma en que las personas hablan de la violencia indescriptible. Su investigación profundiza en los testimonios tanto de los perpetradores como de las víctimas.
Mientras tanto, en tiempo real:
Más de 66.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños. La Comisión de la ONU concluyó que Israel ha cometido «asesinatos y daños graves a un número sin precedentes de palestinos».
La infancia en Gaza se enfrenta a una destrucción sistemática. Se ha confirmado la muerte de al menos 13.319 niños, incluidos 786 bebés menores de un año; es probable que la cifra sea cuatro veces mayor si se incluyen las muertes indirectas por inanición y enfermedades. Gaza tiene actualmente el mayor número de niños amputados per cápita del mundo. Diez niños pierden una o ambas piernas cada día. Más de 9.200 niños han perdido alguna extremidad. Los niños son sometidos a amputaciones sin anestesia, analgesia ni apoyo para la rehabilitación en hospitales bombardeados. Se les registra como WCNSF: Niño Herido Sin Familia Sobreviviente, un término exclusivo de la Franja de Gaza.
Se confirma la hambruna. En agosto de 2025, el 100% de la población de Gaza experimentaba altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La hambruna se ha confirmado en la gobernación de Gaza, donde 640.000 personas se enfrentan a una inanición catastrófica. Al menos 440 personas han muerto de inanición, entre ellas 147 niños. Más de 65.000 niños sufren desnutrición aguda. Los lactantes no tienen acceso a leche de fórmula ni a leche especial. Los niños no pueden desarrollar el habla ni alcanzar los hitos del lenguaje debido a la desnutrición y se enfrentan a posibles daños cognitivos a largo plazo. Las madres sufren abortos espontáneos durante los desplazamientos forzados. Los bebés prematuros dados de alta de los hospitales pesan la mitad de lo que deberían.
Se ha documentado la tortura sexual sistemática. El Centro Palestino para los Derechos Humanos publicó testimonios en noviembre de 2025 que revelaban «una práctica organizada y sistemática de tortura sexual, que incluye violaciones, desnudamiento forzado, filmaciones forzadas y agresiones sexuales con objetos y perros» contra detenidos palestinos. Mujeres violadas repetidamente por soldados, filmadas desnudas y amenazadas con publicar fotos en redes sociales. Hombres violados con objetos de madera, botellas y perros adiestrados mientras los soldados observaban y se reían. Un joven de 18 años fue violado cuatro veces con una botella mientras los soldados le decían a él y a otros detenidos que estaban «destruyendo su espíritu y su esperanza de vida». El Centro Palestino para los Derechos Humanos concluye que este trato «no solo cumple con los elementos de la tortura según el derecho internacional, sino que también constituye un genocidio».
Los funcionarios israelíes ofrecen abiertamente testimonios de los perpetradores. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró: «Estamos luchando contra seres humanos inhumanos». El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, sobre el uso de armas nucleares en Gaza, afirmó: «Esa es una opción». El ministro de Agricultura, Avi Dichter, declaró: «Estamos desplegando la Nakba de Gaza». El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró: «Estamos eliminando ministros, burócratas, administradores de fondos; a todos los que obstaculizan el gobierno civil de Hamás». Esto no es un lenguaje ambiguo que requiera un análisis académico. Es una declaración abierta de intención genocida.
La profesora Amir es una experta reconocida internacionalmente en testimonios de trauma, en el análisis del discurso de las víctimas y en la intervención terapéutica para el trauma colectivo. Sin embargo, no ha publicado ninguna declaración que califique esto como genocidio. No ha hecho ningún llamado al cese al fuego. No ha exigido rendición de cuentas a su Estado ni a sus instituciones. No ha adoptado ninguna postura pública con respecto a las acciones de su gobierno.
No se puede elogiar a alguien por analizar los testimonios de las víctimas mientras los palestinos testifican sobre el genocidio y usted permanece en silencio.
No se pueden recibir premios por estudiar “la laguna traumática” —los vacíos, las ausencias— mientras tu silencio crea ausencia, mientras que los palestinos son sistemáticamente borrados.
No se puede pretender tener experiencia en “intervención terapéutica” para el trauma colectivo mientras el Estado comete genocidio y no ofrece ninguna intervención, ninguna condena, ninguna rendición de cuentas.
Esto no es erudición. Esto es explotación. El dolor palestino se convierte en materia prima para el prestigio académico, mientras que los palestinos vivos son desechables.
Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
22/11/2025. El pasado 17 de noviembre, el consejo de seguridad de la ONU aprobó la resolución 2803 (2025) con la que respalda íntegramente la “Declaración de Trump para la Paz y la Prosperidad Duraderas del 13 de octubre de 2025” y busca imponer sobre Gaza un gobierno dirigido desde Washington.
La resolución fue aprobada con 13 votos a favor de los miembros del Consejo de Seguridad y contó con la abstención de Rusia y de China, que cobardemente se negaron a utilizar su poder de veto, demostrando su rol cómplice con Trump y Netanyahu.
La resolución busca cerrar el circulo de impunidad que el conjunto de la diplomacia capitalista e imperialista le brinda a Israel, con el objetivo de salvar a Netanyahu ante el creciente aislamiento logrado con las las masivas movilizaciones en repudio al genocidio que recorren el mundo.
El consejo de seguridad de la ONU, junto al Imperialismo yanqui y europeo, los gobiernos árabes, y el traidor gobierno de Cisjordania en manos de Fatah, buscan validar un nuevo plan de colonización sobre Gaza para repartirse el conjunto del territorio histórico de Palestina entre las potencias mundiales e impedir la autodeterminación del pueblo palestino.
Un “mandato” imperialista para colonizar Palestina
La resolución busca imponer un nuevo gobierno sobre Gaza y bajo la forma de “Mandato” imperialista con la hipócrita denominación de “Junta de Paz”. Este nuevo gobierno tendría el objetivo de implementar “una administración de gobernanza transitoria, incluida la supervisión y el apoyo de un comité tecnocrático y apolítico palestino integrado por palestinos competentes de la Franja, impulsado por la Liga Árabe, que será responsable de las operaciones cotidianas de la administración pública de Gaza”.
A su vez se impulsa la instalación de una fuerza militar de ocupación a través de la “Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) temporal en Gaza, la cual se desplegará bajo un mando unificado aceptable para la Junta, con fuerzas aportadas por los Estados participantes, en estrecha consulta y cooperación con la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel, y utilizará todas las medidas necesarias para cumplir su mandato”. Esta fuerza militar colonialista, impuesta desde arriba en territorio gazatí, tiene como uno de sus objetivos, desarmar a la resistencia palestina y suplantar las fuerzas policiales internas y fronterizas por fuerzas imperialistas en acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel para continuar el sometimiento sobre el pueblo palestino.
Con la imposición de un gobierno imperialista y la penetración de una fuerza militar de ocupación, la ONU retrocede más de 100 años en la historia para repetir el colonialismo instaurado después de la primera guerra mundial, cuando la Sociedad de Naciones le otorgó a Inglaterra el control de Palestina que luego sería entregado al sionismo para la creación del estado de Israel en 1948.
Desde su creación, el Estado de Israel no es más que un enclave imperialista que durante 77 años ha utilizado métodos nazis de exterminio y limpieza étnica sobre la población árabe en todo el territorio histórico de Palestina. Hoy, en pleno siglo XXI y ante una creciente movilización mundial contra el genocidio, el imperialismo a través de la resolución de la ONU, vuelve a bendecir a Israel para garantizar su impunidad genocida e impedir la autodeterminación del pueblo palestino.
El negocio de la reconstrucción de Gaza y la punta de lanza para una nueva ocupación
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría absolver a 17 acusados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975 como represalia de la pueblada conocida como el Villazo, que sucedió en 1974 en Villa Constitución. Se estableció el día 6 de febrero de 2026 a las 20 horas para la lectura de los fundamentos.
ANDAR en Rosario
(Agencia Andar) El Tribunal, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría la absolución general a los 17 acusados: el ex jefe de división personal de la acería de Villa Constitución, Roberto Pellegrini, y un ex empleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo; los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio y los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el ex oficial de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.
“El fallo es inentendible, jurídicamente inentendible, y es un fallo clasista que pareciera de otros tiempos, con un tribunal que no se pone a la altura de los hechos, que no puede afirmar como ya ha afirmado el pueblo argentino que el genocidio empezó antes del 24 de marzo y que Estado argentino, a través de fuerzas clandestinas, fue responsable en esto de manera conjunta con el poder empresario que en este caso lo encarnaba Acindar”, evalúa Julia Giordano, querellante como parte del equipo jurídico de la APDH, que representó a más de 20 víctimas y familiares.
“Este proceso lleva 15 años en la justicia, la denuncia se presentó en 2010 con los primeros que tuvieron la valentía de presentar la denuncia cuando Martínez de Hoz aún estaba vivo. En 13 años hubieron juzgados que dijeron que los delitos eran de lesa humanidad, que no habían prescripto y que debían juzgarse y una Cámara de Apelaciones que también así lo entendió. Esto fue confirmado además por la Cámara de Casación, muchos tribunales nos dieron esa certeza: que los hechos que se imputaban eran delitos de lesa y que la prueba era suficiente para enjuiciar a quienes se sentaron como acusados”, amplía la abogada.
La Fiscalía a cargo de Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del distrito Rosario había pedido penas de prisión perpetua para los dos ex directivos de Acindar; y otras de 10 a 25 años de prisión para ex policías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos. La querella del equipo jurídico de APDH también había solicitado dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.
“Las resoluciones del poder judicial nunca escapan al clima de época pero hasta no conocer los fundamentos no podemos adelantar mucho más sobre eso. Sí podemos decir que el dolor que ha generado esto en querellantes familias y sobrevivientes es enorme. No pueden parar de preguntarse cómo después de dos años de testimonios tan coherentes, tan claros, ocurre esta sentencia. Pero siguen unidos, organizados y con la convicción de que esta injusticia no refleja lo que como pueblo ya sabemos que sucedió en Villa Constitución”, agrega.
Los hechos ventilados durante el debate oral ocurrieron entre el 20 y 26 de marzo de 1975 cuando 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar. Durante los hechos represivos que se juzgan en este juicio, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de esa fábrica.
Torremare: “Fue un grosero error del tribunal no encuadrar los delitos padecidos por trabajadores de fábricas como crímenes de lesa humanidad”
A fines de octubre se realizó la última jornada del juicio en el que se ventilaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Fueron casi cuatro años de audiencias, centenares de testimonios y 191 casos de víctimas de delitos como tormentos, secuestros ilegales y homicidios, entre otros. El abogado querellante por la APDH y miembro de la CPM, Guillermo Torremare, valoró que el veredicto haya sido leído en Tandil, tal como lo reclamaron insistentemente los organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas. La referente de derechos humanos de Tandil, Petra Marzocca, aseguró a ANDAR que una segunda etapa en torno a esta causa será lograr que Casación revierta la gran cantidad de absoluciones otorgadas.
ANDAR en la Justicia
(Agencia) La causa que acaba de ser juzgada es el resultado de varias investigaciones penales que, con los años, se fueron acumulando en un mismo expediente con el objeto de resolver en un mismo debate los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención ubicados en Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores.
Entre ellos, el CCD La Huerta –nombre con el que se conoció popularmente a la causa- estaba ubicado en la ruta nacional 226, a quince minutos de la ciudad de Tandil, y operaba bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército dentro de la subzona 12.
Luego de 104 jornadas de producción de prueba –solo unas pocas fueron llevadas a en alguna de las ciudades mencionadas y fuera de Mar del Plata, al contrario de lo que reclamaban desde antes del juicio los organismos y sobrevivientes-, el viernes 24 de octubre se dio lectura al veredicto a instancias del Tribunal Oral Federal 1 con asiento en la ciudad balnearia y con la integración de los magistrados Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Sabrina Namer.
Se dictaron ocho condenas, cuatro de ellas a prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret, las cuales eran esperadas por las distintas querellas en el juicio. Sin embargo, lo que nadie preveía era que se otorgaran 27 absoluciones, que serán apeladas ante el Tribunal Federal de Casación.
“Ha sido un juicio muy largo, con más de tres años de debate oral y con muy pocas jornadas en las ciudades donde se cometieron los hechos: dos en Tandil y una en Azul, y el resto en Mar del Plata donde tiene asiento el TOF 1. Aun así, pudimos lograr que la lectura del veredicto se realizara en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos de la Provincia y la región”, afirmó a ANDAR el abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare.
“En esa ciudad fue donde se cometieron la mayor cantidad de delitos y donde funcionaron la mayor parte de los 14 CCD investigados. Sobre la parte resolutiva, y aclaramos que aún tenemos que conocer los fundamentos del fallo que se darán a conocer a mediados de diciembre, creemos que evidentemente los jueces han valorado y apreciado la prueba de una forma muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, hay un caso de una de las condenas cuya pena fue establecida en 6 años de prisión para el delito de violación de una víctima mientras ésta permanecía privada ilegalmente de su libertad. Es decir, una pena desproporcionadamente baja”, amplió.
Por su parte, Petra Marzocca -una de las referentes de la organización Memoria por la Vida en Democracia de Tandil y cuyos hermanos y cuñada fueron desaparecidos durante la última dictadura- afirmó a ANDAR que “fue mucho el trabajo de décadas en la búsqueda de pruebas con las que dar precisión y detalles a hechos que ocurrieron hace casi 50 años. Y las dificultades del paso del tiempo quedaron expresadas en el debate oral, con largas discusiones con las defensas acerca del valor de los testimonios”.
Con respecto a las 27 absoluciones dictadas por el tribunal, Marzocca evaluó: “Nunca pensamos que pudieran llegar a tantas y fue muy impactante escucharlo, sobre todo para las víctimas sobrevivientes. Nos plantea una cuestión muy compleja en cuanto a cómo la vamos a abordar ante el Tribunal de Casación. Entendemos que este juicio contó con jueces sin experiencia previa en juicios de lesa humanidad, y eso tal vez puede haber influido en su consideración de los hechos y la valoración de la prueba”.
Cabe aclarar que a cuatro de los que resultaron absueltos no se les había formulado acusación durante el juicio, por lo que la absolución para ellos estaba descontada, pero hay otros imputados –como el civil Julio Méndez, uno de los dueños del predio donde funcionó el centro clandestino de detención la Quinta de los Méndez- que también resultaron beneficiados a pesar de que todo el bloque acusador consideraba probadas las responsabilidades de cada uno.
Asimismo, 16 de los imputados originales que tenía la causa fueron, por el paso del tiempo, apartados de la investigación por problemas de salud o por fallecimiento, lo que evidencia el creciente y preocupante escenario de la impunidad biológica respecto a quienes cometieron delitos imprescriptibles en el marco del terrorismo de estado.
Una de las principales críticas que los organismos de derechos humanos y querellas realizaron al fallo tiene que ver con que los casos de víctimas de trabajadores de fábricas de la zona (Loma Negra, Avellaneda y otras) no fueron considerados en el marco del plan general del terrorismo de estado en la zona centro de la provincia de Buenos Aires sino como delitos cometidos por fuera de ese contexto, lo que implica la prescripción de la acción penal y la imposibilidad de juzgarlos hoy.
Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Interncional
Declaración conjunta de Propuesta Socialista (Panamá), Movimiento al Socialismo (México), Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (República Dominicana), Unidad de Izquierda Revolucionaria (Colombia) y Partido Socialismo y Libertad (Venezuela), secciones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional
El gobierno ultraderechista de Donald Trump ha desplegado una descomunal fuerza militar en el Caribe y el Pacífico: más de diez mil soldados, buques de guerra, submarinos, helicópteros y bombarderos estratégicos, sumando el portaviones USS Gerald Ford. Este despliegue, el mayor desde la invasión de Panamá en 1989, utiliza a Panamá y Puerto Rico como centros de operaciones y logística, y lo justifican con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”. En realidad, forma parte de una contraofensiva imperialista que ya ha dejado decenas de víctimas con bombardeos extrajudiciales en aguas internacionales frente a Venezuela, Colombia, República Dominicana y México, y que se constituye en una nueva amenaza imperialista contra los pueblos del Caribe y América Latina.
Esta acción bélica en el Caribe y el Pacífico es parte de una política global del imperialismo estadounidense que busca revertir su crisis de dominación, que es parte de la crisis global del capitalismo imperialista, y reimponer su control global frente al avance de otras potencias. Estados Unidos está sumido en una profunda crisis de dominación, con expresiones en el orden político, económico y militar. Desde la derrota en Vietnam no se han podido recuperar, y esta situación se ha agravado con la salida apresurada de Afganistán, después de 20 años de ocupación de ese país.
La política de Trump intenta intensificar el saqueo de las semicolonias, la imposición de acuerdos unilaterales y la represión de cualquier disidencia. De ahí su guerra de aranceles, su política migratoria racista, los ataques a los derechos de las mujeres y disidencias, e incluso las amenazas de apropiarse del Canal de Panamá, que resultó en la entrega de la soberanía por parte del presidente José Raúl Mulino, con la firma del llamado Acuerdo de Entendimiento con Estados Unidos, que no sólo restablece las bases militares, también el paso expedito por el Canal y la exoneración del pago de peaje a los buques de guerra estadounidenses y sus auxiliares, peaje que tendrán que pagar los panameños y panameñas.
A inicios de su gobierno, Trump manifestó su intención de anexarse Groenlandia, colonia danesa donde el movimiento independentista es mayoritario, en una clara ofensiva sobre la Unión Europea, o incluso convertir a Canadá en su “estado 51”. Bravuconadas que no puede concretar.
Por otra parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, delineó en una entrevista de febrero de este año el repliegue táctico yanqui al reconocer en febrero que EEUU no era la única potencia imperialista y que debía priorizar los asuntos de los que se ocupa, incluso refiriéndose a la realidad actual como un “mundo multipolar”, a diferencia de la “unipolaridad” post-Guerra fría. Ese es el marco del recrudecimiento de su ofensiva hemisférica, que abarca la militarización del Caribe, los bombardeos de embarcaciones civiles, las sanciones a Petro y otros funcionarios colombianos, la declaración del régimen venezolano como un “cartel del narcotráfico”, la aprobación de una fuerza de la ONU para la ocupación de Haití y las amenazas de bombardeo contra Venezuela y Colombia.
Es importante señalar que el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, país que sufre la ofensiva trumpista, mantiene una política de “defensa de la soberanía” en el discurso, mientras cede casi incondicionalmente a las exigencias de Donald Trump, buscando un supuesto “trato preferencial” en su relación comercial con Estados Unidos, permitiendo con su silencio cómplice las agresiones a países que considera “hermanos”, como Cuba, Venezuela y Colombia.
Hay contradicciones en el seno del establishment imperialista. Senadores republicanos y demócratas han denunciado los bombardeos y las posibles operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Incluso en la extrema derecha trumpista hay críticas entre quienes llaman a concentrarse en la represión interna en vez de involucrarse en nuevas guerras. Asimismo, medios estadounidenses hablan de la inminencia de un ataque a Venezuela pero Trump lo desmiente, evidenciando la crisis y contradicciones en el seno del imperialismo.
Hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, se vió obligado a declarar que los bombardeos en el Caribe son ilegales.
Villarruel encabeza actos organizados por gobiernos peronistas, mientras la CGT intenta enaltecer la figura de José Ignacio Rucci y la Justicia se propone cambiar la jurisprudencia para enjuiciar a la militancia revolucionaria de los años 70′. Piezas de un rompecabezas que amenaza con quebrar el consenso de los últimos 20 años. Por Nicolás Salas, para ANRed.
La llegada al gobierno de la fórmula Milei-Villarruel dio marco institucional a los intentos revisionistas que buscan disputar la historia en torno a los crímenes de la última dictadura militar y el genocidio que dejó 30 mil desapariciones en el país.
Muchos de los que hoy son parte del gobierno fueron oposición abierta a los procesos judiciales que, a partir de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida (2003) y del fallo Simón (2005), llevaron a la cárcel a militares, policías, empresarios y funcionarios eclesiásticos. Los “libertarios” no esconden las cartas, las muestran orgullosos y no dudan en hacerlas públicas en redes o comunicados oficiales.
En la actualidad, la marca se la lleva la Libertad Avanza, pero el revisionismo histórico afecta a otros estratos de la política, sin que necesariamente compartan las mismas coordenadas políticas y humanas que las de los negacionistas. Sectores del peronismo, ese movimiento que había sabido recoger parte de la legitimidad que habían generado los juicios iniciados durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, parecieran sentirse interpelados a reinterpretar lo que hasta hace poco se mostraba como un consenso progresista.
Si bien las tensiones internas siempre estuvieron, se hablaban por lo bajo. Una de ellas tenía que ver con las diferencias en torno a la experiencia de las organizaciones armadas y el debate que representaba el terrorismo de Estado antes de 1976.
Durante el kirchnerismo aquella diferencia pareció quedar sepultada bajo la ola de derechos humanos que, con su programa histórico, arrasó con todo a su paso, incluso con las visiones contemplativas respecto al accionar de la Triple A y la CNU. Las diferencias en el naciente progresismo estuvieron a punto de estallar en agosto de 2003, con las detenciones libradas contra Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich. Por aquel entonces, sectores del gobierno decidieron hacer silencio y otros avalarlas como ocurrió con el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La polémica se desactivó con la liberación de los exmontoneros y un pacto de convivencia que duró hasta hace pocos años.
Con el intento de romper el consenso que se venía generando en torno los ´70, el entonces titular de UATRE, Gerónimo Venegas, se puso a la cabeza del proyecto revisionista pidiendo que se incorporara la causa Rucci en el esquema de juicios que empezaban a realizarse. De hecho, el fallecido sindicalista organizó actividades y protestas de las que participaron Hugo Moyano, Juan Manuel De la Sota, Antonio Cafiero, Francisco De Narváez, Adolfo Rodríguez Saá, entre otros referentes peronistas. Pese a los intentos, estas iniciativas no lograron instalarse en la agenda general de la sociedad pero representaron el germen inicial de la perspectiva que tomará más fuerza con el paso de los años.
Las derrotas del peronismo en 2015 y 2023 cambiaron las condiciones hacia el interior de dicho movimiento. Tomaron más fuerza “los peronistas de Perón” relegados ante la avanzada progresista, y se dio legitimidad a nuevas voces que desde hace décadas vienen trabajando en revisar la historia.
Publicado el 25 de septiembre de 2025 / Por Redacción Kaosenlared
La fuerza multitudinaria y creciente de la presión social en los países europeos tiene su repercusión en la política hacia Israel de varios países. El gobierno italiano, defensor incondicional del genocidio del sionismo bajo el falaz argumento del «derecho a la autodefensa», temeroso del impacto de la represión sobre la flotilla en su propia ciudadanía tras la demostración de fuerza mostrada estos días, advierte al gobierno israelí sobre las consecuencias de sus acciones, enviando un buque de guerra para disimular su escandalosa complicidad.
Por su parte el gobierno español, a remolque de la masiva movilización social sostenida que le exige la ruptura de relaciones, intenta capitalizar el descontento con un embargo de armas opaco y parcial y, después expresar públicamente su solidaridad con los activistas de la flotilla, anuncia el envío este jueves de buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.
Por su parte, el nazisionista gobierno israelí, que anunció que atacaría a la flotilla y encarcelaría como ‘terroristas’ a sus activistas, plantea ahora como posible dejar entrar a la flotilla hasta un puerto israelí donde descargar la ayuda, en un nuevo ejercicio de sádico cinismo mientras sigue masacrando a la población palestina y condenando a los supervivientes a una prolongada y cruel agonía.
Italia envía un buque de guerra para ayudar a la Flotilla Sumud
El miércoles el ministro de defensa italiano, Guido Crosetto, condenó enérgicamente el ataque a la flotilla que buscaba entregar ayuda a la asediada Franja de Gaza, que enfrenta un genocidio desde hace dos años.
«Para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos a bordo de la flota, hablé con el Primer Ministro y autoricé la intervención inmediata de la fragata multimisión Fasan de la Armada Italiana, que navegaba al norte de Creta como parte de la Operación Mar Seguro. El barco se dirige a la zona para posibles operaciones de rescate», declaró Crosetto en un comunicado publicado por el ministerio en la plataforma X.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que había pedido a Israel que garantizara la seguridad de los «ciudadanos italianos, miembros del Parlamento y eurodiputados» que se encontraban entre los activistas pro palestinos a bordo.
El Ministerio indicó que informó a Israel que «cualquier operación confiada a las fuerzas israelíes debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional y el principio de extrema precaución«.
Agregó: «El Ministro Tajani pidió a la Embajada de Italia en Tel Aviv que reúna información y confirme su solicitud previa al gobierno israelí para garantizar la protección total de las personas a bordo».
Los ataques a la flotilla coincidieron con amenazas directas de Israel para impedir que la flotilla entrara en lo que describe como una «zona de combate». Israel también ofreció permitir que los barcos atracaran en el puerto de Ascalón para transportar ayuda, acusando a Hamás de estar detrás del viaje de la flotilla.
Esto se produce después de una serie de ataques anteriores, y la flota anunció previamente que sus barcos habían sido objeto de ataques similares los días 8 y 9 de este mes.
La Flotilla, compuesta por 51 embarcaciones que transportan trabajadores humanitarios, médicos, artistas y activistas de 44 países, zarpó de Túnez a principios de este mes tras varios retrasos. Busca establecer un corredor humanitario y romper el bloqueo impuesto a Gaza durante más de 23 meses. Las autoridades de ocupación israelíes impidieron previamente intentos similares de llegar a Gaza por mar en junio y julio.
Fuente: Al Quds liberation
Pedro Sánchez anuncia que el Estado Español enviará un buque de la Armada en apoyo a la flotilla que lleva ayuda a Gaza
Se trata del BAM Furor, que partirá mañana desde Cartagena, «con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate»
El viernes 19 de septiembre, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, se llevó a cabo un emotivo acto para recordar a los ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) asesinados por bandas fascistas los días 4 y 5 de septiembre de 1975, en la antesala del golpe de Estado. La actividad fue organizada por la Comisión por Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, integrada por familiares, amigos, compañeros de militancia y partidos de izquierda, entre ellos Izquierda Socialista.
El lugar estuvo colmado de militantes y activistas de distintas generaciones. Entre los asistentes se encontraban referentes de derechos humanos como Elsa Pavón (Abuelas de Plaza de Mayo-Asociación Anahí), Marta Úngaro (hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices), Carlos Zaidman (AEDD) y María Laura Bretal (Justicia Ya!).
El acto comenzó con las intervenciones de los abogados de derechos humanos Guadalupe Godoy y Eduardo “el Negro” Soares, quienes denunciaron la impunidad que persiste alrededor de estos crímenes y destacaron la importancia de sostener la lucha por justicia, tanto en este caso como en las causas de lesa humanidad ocurridas antes y después de la dictadura militar. Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria entregaron a los familiares los legajos policiales de algunos de los militantes asesinados, parte del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Amigos y compañeros compartieron recuerdos cargados de emoción sobre Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto “Laucha” Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini, Carlos “Diki” Povedano, Oscar Lucatti y Patricia Claverie. También se recordó a Susana Zaldúa y Susana Guzner, hermanas de Adriana y Ana María, quienes lucharon hasta el final de sus vidas para lograr justicia.
En el bloque de intervenciones políticas tomó la palabra la diputada provincial electa Mónica Schlotthauer, en representación de Izquierda Socialista. Recordó que los crímenes de la Triple A fueron el prólogo del terrorismo de Estado que luego instauraría la dictadura.
“El reclamo de justicia ha escrito los nombres de los compañeros de la masacre de La Plata junto a los de la masacre de Pacheco, Rodolfo Ortega Peña y otros miles asesinados por la Triple A”, expresó Mónica. “Esto obligó a reconocer una verdad histórica e incómoda: el terrorismo de Estado empezó con el gobierno antiobrero de Isabelita, un gobierno peronista, respaldado por la putrefacta burocracia sindical”.
Mientras evocaba la memoria de los caídos, la dirigente trazó un puente entre aquella etapa y las luchas actuales. Recordó que en los años previos al golpe se organizaron coordinadoras obreras que lograron unir a miles de trabajadores de distintas fábricas y sindicatos en un frente común de lucha.
“La rebeldía de esos años puso de pie a las coordinadoras que unían a la clase obrera, desde Ensenada hasta Tigre”, afirmó. “Ese ejemplo marcó a toda una generación, incluida la nuestra, y por eso seguimos peleando por la unidad de los luchadores para derrotar a la burocracia sindical que sigue entregando nuestras conquistas”.
Schlotthauer reivindicó también el legado político de los militantes homenajeados, enmarcando sus vidas en la construcción de un partido revolucionario para la clase trabajadora.
“Desde el morenismo seguimos insistiendo en la necesidad de partidos obreros que lleven a la clase trabajadora al poder y avancen en la construcción del socialismo”, dijo. “Cada año que pasa le da la razón a la lucha de nuestros compañeros asesinados”.
El acto contó con la presencia de una amplia delegación de Izquierda Socialista, entre ellos la diputada nacional Mercedes de Mendieta, la legisladora porteña, Mercedes Trimarchi; Miguel Sorans y Mercedes Petit, dirigentes del PST de aquel momento, junto a militantes de larga trayectoria en la corriente morenista.
Desde la Flotilla Global Sumud, camino a Gaza, enviaron sus saludos el diputado nacional Juan Carlos Giordano y Ezequiel Peressini, quienes participan en una misión internacional en apoyo al pueblo palestino.
El momento más emotivo llegó con la lectura del documento unitario por parte de Nora Zaldúa, hermana de Adriana. Entre aplausos y lágrimas, se reafirmó el compromiso de seguir luchando por justicia y por la causa por la que los ocho militantes dieron la vida.
El cierre se dio con todos los presentes de pie, levantando sus puños y entonando La Internacional, himno de la clase trabajadora. Así se selló la promesa de mantener viva la memoria y de continuar la pelea por la que lucharon Adriana, Hugo, Laucha, Ana María, Lidia, Diki, Oscar y Patricia. “Vamos a seguir reclamando justicia y repetiremos sus nombres el día que logremos el triunfo definitivo: el día en que los trabajadores gobiernen hacia el socialismo”, concluyó Schlotthauer, arrancando una ovación.
Mónica Schlotthauer habló en nombre de Izquierda Socialista
