Que el árbol no tape el bosque: se frenó la mayor extranjerización de tierras, pero hay vía libre contra los pueblos originarios y desalojos exprés. Un análisis en clave jurídica y de derechos, detalla cómo el Gobierno intenta avanzar sobre las comunidades originarias para favorecer más a las empresas extractivas. La derogación de la Ley 26.160, el RIGI y un modelo que viola derechos humanos.
La Cámara de Senadores dio media sanción a la llamada «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada», a pesar de un rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, siguió adelante con dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos. En el primer caso, requiere de más condiciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble para luego expropiar; en el segundo, flexibiliza el procedimiento, lo agiliza para facilitar los desalojos.
Es probable que la discusión en Diputados llegue con otras sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valiosa y ponderada para el sector empresarial, pero totalmente ignorada para el mundo indígena: la seguridad jurídica.
En primer lugar, la acción de desalojo para inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido para juicios sumarísimos. En otras palabras, y evitando tecnicismos, los plazos se acortan, no se admiten excepciones previas, los abogados no puede presentar alegatos y las apelaciones —revisión de la medida— son restrictivas.
En segundo lugar, amplía la legitimación activa o permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo. En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción, y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial, complejiza mucho más el escenario.
Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial. Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente.
Una ley de tierras para un modelo que arrasa territorios
Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan de Gaza, está encarcelado en Israel sin cargos ni juicio desde hace casi veinte meses.
Protesta en Tel Aviv para pedir la liberación del doctor Hussam Abu Safiya, en abril de 2025. ATEF SAFADI / EFE
«Me han traído aquí para matarme. No creo que salga vivo». Este es el último mensaje que el pediatra Hussam Abu Safiya pudo transmitir a través de su abogado desde su cautiverio. Hacía poco que lo habían trasladado a Rakefet, una prisión subterránea israelí donde los internos no ven nunca la luz del día. Cuando el abogado Nasser Odeh lo visitó el 2 de julio, apenas lo reconoció: tenía el rostro lleno de moratones, le costaba hablar y respirar y apenas podía mantenerse sentado. Varias veces pareció que estaba a punto de perder el conocimiento.
«La situación es muy grave. No tiene comida ni medicamentos y está completamente aislado», explica en una videollamada con el ARA su hijo Ilyas, que vive en Kazajistán con una parte de la familia. La información les llega de manera intermitente a través de los abogados. No pueden llamarle, escribirle ni visitarle. Cada período de silencio aumenta el temor de que le haya pasado algo.
Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan, al norte de la Franja de Gaza, fue detenido por el ejército israelí el 27 de diciembre de 2024, durante el asalto que dejó fuera de servicio el último gran hospital que aún funcionaba en esa zona. Hacía semanas que su figura se había convertido en un símbolo de los sanitarios palestinos que continuaban atendiendo pacientes bajo los bombardeos, sin electricidad, combustible, medicamentos ni suficiente personal.
Había tenido varias oportunidades de abandonar Gaza, pero se había negado. «Decidió quedarse con sus pacientes», explica Shorouq Saleh Al-Rantisi, de 32 años, que empezó a trabajar como especialista de laboratorio en el Kamal Adwan en 2019. «Como pediatra, no podía abandonar a los niños enfermos y heridos que no tenían a nadie más que les atendiera».
Al-Rantisi trabajó a su lado durante toda la guerra, hasta el día de la detención. Como no tenían suficiente personal tuvo que echar una mano en lugares fuera de su especialidad: urgencias, radiología, quirófano y obstetricia. Como muchos de sus compañeros, ella era voluntaria.
El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió públicamente asesinar a entre «30 y 40 personas» cada noche en Gaza, en un pódcast publicado en las últimas horas de este domingo (16.08.2026) y que fue rápidamente compartido por medios palestinos. Las declaraciones las hizo en un programa de Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.
«Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas», dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar los derechos de los palestinos que son ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.
En el programa, discutían sobre la forma en que Israel se ha recuperado del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando Ben Gvir expresó su disconformidad con la decisión de Benjamin Netanyahu de reducir los ataques contra Gaza para avanzar con el «plan de paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «No es ningún secreto, no estoy de acuerdo con el primer ministro”, dijo Ben Gvir.
«Toda Gaza es nuestra»
Ben Gvir también abogó por la «migración masiva de palestinos» en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de «limpieza étnica». Declaraciones similares del ministro israelí han sido condenadas e incluso han sido presentadas ante tribunales internacionales como evidencia de una «intención genocida” que Israel niega.
«Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno», agregó en el programa Ben Gvir, quien es una de las figuras más influyentes de Israel en la actualidad.
El ministro, que también es colono en la Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como titular de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura.
Sería el Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna, parte de la máxima cúpula de la Policía Federal Argentina. Su foto circuló en medios de todo el país, disparando con su escopeta fuera de cualquier protocolo. La imagen está recorriendo el país. Incluso el diario La Nación se hizo eco del “pedido de explicaciones” al Ministerio de Seguridad. El gobierno tiene que dar explicaciones. Por La Izquierda Diario.
Según información a la que pudo acceder La Izquierda Diario, el hombre que disparaba a mansalva en la esquina de Solís e Irigoyen, sin identificación y a una altura prohibida por los propios protocolos de la fuerza, sería el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna.
El hombre es parte de la máxima plana de la Policía Federal Argentina. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales. ¿Cuáles serían las «organizaciones criminales» a las que estaba investigando en ese momento?
En ese momento estaba a cargo del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, quien dejó el cargo pero el jueves 6 de agosto “comandaba” las fuerzas parlamentarias de La Libertad Avanza a pocos metros de donde habría actuado Gauna. Pero se trata de un hombre conocido por la ministra.
Desde que se ganó el cargo de comisario, según el Boletín Oficial en marzo de 2009, ocupó cargos de importancia en PFA. Antes del último ascenso clave, era jefe del departamento Investigaciones Nacionales, un cargo clave en la investigación de los grandes delitos de la actualidad. Por eso recibió una capacitación por parte de la ANMAT en delitos contra la seguridad pública.
En estas fotos se lo puede ver en esa disertación, en las pesquisas por el «Caso Loan» en Corrientes y en el juicio por el caso de Lucas González. En el caso del 6 ed agosto, las fotos fueron sacadas por Kaloian Santos y www.pausa.com.ar. Las imágenes confirmarían que se trata de la misma persona.
Las fotos de la represión del jueves 6 de agosto, mientras miles de personas se manifestaban contra un proyecto del gobierno que ataca derechos fundamentales, recorrieron el mundo. Se pudo ver a jóvenes heridos con balas en el rostro, una periodista quedó internada con fractura en el cráneo y hubo más de 1500 heridos. La policía actuó de manera brutal y desafiando sus propios protocolos de actuación. La imagen del comisario, con la escopeta apuntando al cuerpo de manifestantes, deja claro que no eran “algunos locos” sino toda la institución, encabezada por sus principales jefes.
Toda una muestra de la ferocidad con la que está dispuesta a manejarse el gobierno para imponer leyes a favor de los poderosos. Es por eso que debe dar explicaciones sobre el accionar del comisario que se puede ver en la foto y los responsables del operativo.
5/8/2026. El martes 2 de agosto el pueblo palestino despidió a 112 personas, en un masivo funeral realizado en Gaza. Los 112 cuerpos fueron recuperados debajo de los escombros a mas de tres años de que un furibundo bombardeo de Israel que asesinó a 308 personas de las familias Abu Sharia y Al Hassaina. Entre los cadáveres de las familias del mismo núcleo, se encuentran decenas de niños, niñas y mujeres; como una muestra de la criminalidad Genocida de Israel.
La ceremonia fue calificada por dirigentes palestinos como funeral más grande de la historia Palestina. Con los cuerpos cubiertos con banderas palestinas y entre cantos combatientes, miles de personas recorrieron las calles del barrio de Sabra, donde sucedieron los bombardeos. Luego, los cuerpos fueron sepultados en el cementerio Sheikh Shaaban, al centro de la derruida ciudad de Gaza.
La masiva movilización que significó el funeral colectivo ha conmocionado a los pueblos del mundo y demostrado que, a pesar de las atrocidades sufridas, el pueblo palestino aun cuenta con una alta moral y capacidad de resistir y vivir entre los escombros y los asesinatos que aún continúan.
Solo el pasado viernes 31 de julio, Israel asesinó a 18 personas en gaza, entre los que se encontraban niños y mujeres. Desde que se declaró el falso acuerdo de Paz, en octubre de 2025, Israel asesinó a 1.230 personas y herido a más de 4.000; mientras, Israel sostiene la ocupación militar del 70% del territorio de Gaza donde aun 8.000 cadáveres permanecen debajo de los escombros.
Las movilizaciones en apoyo a Palestina que recorren distintas ciudades del mundo, junto a diversas expresiones de solidaridad internacional que se expresan en espectáculo culturales, artísticos y deportivos, imponen un creciente aislamiento político y global de Netanyahu e Israel. El Funeral y las movilizaciones, demuestran que la lucha por la expulsión de las tropas sionistas y genocidas de Gaza y la pelea mundial por una Palestina libre desde el rio al mar aún se sigue desarrollando y buscan triunfar.
En 2022 se realizó una reunión en la casa de Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) que involucró a jueces federales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. Hay sospecha que luego se realizaron otras reuniones con altos dirigentes políticos del país.
El Proyecto de Ley de extranjerización afecta a toda nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. El actual gobierno de Javier Milei quiere derogar esta Ley, que defiende la soberanía nacional, beneficiando a corporaciones internacionales, como parte de su política de venta del país a capitales extranjeros, concentración de la tierra, desalojos masivos, despojos de los bienes comunes (recursos naturales)- a través de la extracción de materias primas (Extractivismo)- ya sea litio, megaminería, agroindustria o fracking. Por ello el control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito de ese nefasto negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas. Esto es posible a través de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio. Por Ana Muro, corresponsal de AnRed
El Proyecto de Ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» afecta a nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. Más de 4 mil referentes de todo el país ya firmaron contra el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada».
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, fue presentada en el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fue aprobada y promulgada en diciembre de 2011. Luego, Mauricio Macri la modificó en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a corporaciones internacionales.
Los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros. El Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación. La Ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para contraponer el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.
Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). Por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional esos datos no son ciertos. El decreto de Macri recién asumido como presidente, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional (a través del traspaso de acciones). De este modo la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.
La Ley de protección de Glaciares también tiene un rol importante en este proceso de extranjerización, ya que, muchos bienes comunes se encuentran en zonas glaciares y periglaciares y la Ley no permite la explotación y exploración de ellos. En 2010 Cristina Kirchner vetó la ley de protección de los Glaciares, que ya había sido aprobada en ambas cámaras (diputados: por unanimidad; senadores: con solo tres votos en contra), para que volviera a la Cámara de Diputados. Esto es similar al procedimiento seguido para aprobar la ley de protección de los bosques autóctonos, ya que se argumentó que la ley perjudicaría el desarrollo económico.
Durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.
Acumulación por despojo del territorio y por el saqueo de los bienes comunes a traves del extractivismo.
El control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito del negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas y esto posible a traves de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.
La criminalización a referentes indígenas, la profundización del extractivismo y el proyecto de Ley “inviolabilidad de la Propiedad Privada”, mejor dicho ley de extranjerización de la Tierra, son parte de esta foraz empresa a nivel global del orden mundial imperante basado en la apropiación de los recursos naturales (bienes comunes) en la llamada transición energética.
La violencia institucional y de las fuerzas de seguridad es más visible cuando la Resistencia se organiza. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política a las y los que luchan el extractivismo y defienden su territorio. La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala visibiliza la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Patricia Bullrich, impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche desde 2015, como Ministra de Seguridad, es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La muerte de Santiago Maldonado es también cuestionada por parte de organismos de derechos humanos.
Asimismo, el asesinato de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.
Mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país.
América Latina es el lugar del mundo donde se asesinan a más ecologistas y defensores de su territorio. En 2023 fueron asesinados 196 ecologistas, el 85 % de ellos en América Latina.
30/7/2026.Ya ha transcurrido poco más de un mes desde el doble terremoto del 24 de junio que asoló a nuestro país. La tragedia socionatural que hasta ahora produjo más de 5000 fallecidos, 17 mil heridos, unos 20 mil damnificados y 190 edificios desplomados, se combina con la catástrofe social que desde hace más de una década padece el pueblo trabajador venezolano.
La situación de miles de familias damnificadas que lo perdieron todo, se agrava con los salarios de hambre, la destrucción de los servicios públicos y el duro ajuste capitalista aplicado por el gobierno, cuyas consecuencias se han visto profundizadas por la corrupción y las sanciones imperialistas.
En medio de esta doble tragedia, es urgente que el gobierno destine todos los recursos económicos a atender a los damnificados y a la reconstrucción de La Guaira y otras zonas del país seriamente afectadas.
Hoy más que nunca es urgente que el gobierno decrete un aumento general de salarios y pensiones ante la grave emergencia que vivimos los trabajadorxs y sectores populares, que siempre somos los más afectados. Igualmente exigimos que se discutan los contratos colectivos en todas las empresas públicas y privadas, y se cumpla con todos los reclamos laborales.
Que cese el control de Estados Unidos sobre nuestro petróleo
Pero nada de esto será posible si no enfrentamos unitariamente la injerencia del imperialismo estadounidense, que hoy decide el destino de los recursos provenientes del petróleo, mantiene las sanciones e intenta imponer un proceso electoral digitado desde el Departamento de Estado, avalado sumisamente por todos los partidos de la oposición burguesa, y algunos que se reivindican de izquierda.
Es por ello que desde el Partido Socialismo y Libertad exigimos que Estados Unidos libere los más de 25 mil millones de dólares que mantiene represados en bancos internacionales, incluyendo el oro que se encuentra en el Banco de Inglaterra.
El Financial Times, un diario de la oligarquía financiera internacional, hizo público recientemente que en lo que va de año Estados Unidos habría recibido 13 mil millones de dólares por venta de nuestro petróleo. El propio diario imperialista se pregunta: ¿dónde está esa plata? Esa pregunta también debe hacérsela el pueblo venezolano.
Estados Unidos pretende presentarse como muy caritativo y humanitario “donando” 300 millones de dólares, mientras controla nuestro petróleo, mantiene las ilegales y oprobiosas sanciones sobre nuestro país, impidiendo el acceso a cuantiosos recursos que podrían destinarse para aumentar los salarios, recuperar los servicios públicos y atender a las víctimas de los terremotos.
El genocidio en Gaza desde octubre de 2023, que ha asesinado a más de 73.000 palestinos, ha marcado un punto de inflexión histórico en la lucha palestina y en la naturaleza del conflicto con el proyecto sionista.
Lo que se ha desarrollado ha ido mucho más allá de otra guerra o de otro episodio de violencia israelí; ha puesto al descubierto ante el mundo la verdadera naturaleza del proyecto sionista como una empresa colonialista de asentamientos basada en la limpieza étnica, el apartheid y la eliminación sistemática del pueblo palestino indígena.
Desde su surgimiento a finales del siglo XIX, el movimiento sionista ha tratado de establecer un Estado colonialista en Palestina mediante la movilización de las potencias imperialistas occidentales y una alianza duradera con las fuerzas dominantes del sistema internacional.
Mientras que el colonialismo clásico buscaba principalmente explotar a las poblaciones indígenas, el sionismo pertenece a la tradición de los movimientos coloniales de asentamiento que pretendían sustituirlas. Desde sus inicios, el movimiento fue más allá de la búsqueda del dominio político, con el objetivo de transformar el carácter demográfico, político y cultural de Palestina.
El sionismo nunca fue un movimiento autóctono de Oriente Medio. Fue una solución colonial europea a lo que los propios europeos denominaban la «cuestión judía», impuesta al pueblo palestino.
Durante más de un siglo, el proyecto sionista se ha sustentado en tres pilares estratégicos: el apoyo político, militar y financiero inquebrantable de Occidente; la fragmentación del entorno árabe e islámico circundante y su enredo en conflictos internos; y la creación deliberada de hechos irreversibles sobre el terreno hasta que el despojo sea aceptado como realidad política.
A pesar de las inmensas ventajas políticas y militares de las que goza el régimen sionista, el pueblo palestino ha logrado, gracias a su resistencia y firmeza continuas, frustrar su objetivo central: eliminar la presencia palestina u obligarla a someterse.
Desde la Nakba de 1948, los palestinos se han mantenido firmemente apegados a su tierra, su identidad y sus derechos históricos, pagando un precio extraordinario para preservar su existencia, mantener su lucha y asegurar el futuro de las generaciones venideras.
Históricamente, los proyectos coloniales de asentamientos rara vez se derrumban únicamente por una derrota militar. Comienzan a desmoronarse cuando la población indígena se niega a desaparecer, cuando se derrumba la legitimidad internacional del régimen y cuando el coste interno y geopolítico de mantener la ocupación se vuelve insostenible.
El colapso de Oslo
El proceso de Oslo, junto con la ilusión de una paz negociada, supuso un intento de transformar la cuestión palestina de una lucha por la liberación nacional, la autodeterminación y la independencia en un proyecto para gestionar la ocupación. Más de tres décadas después, su fracaso es indiscutible.
Los asentamientos israelíes se expandieron de forma espectacular, el territorio palestino se redujo de manera constante y la Autoridad Palestina se convirtió en una entidad fragmentada con una autoridad muy limitada, que opera bajo el dominio y las restricciones estructurales impuestas por la ocupación.
Mientras tanto, el Estado sionista siguió creando realidades irreversibles sobre el terreno que han hecho prácticamente imposible el establecimiento de un Estado palestino independiente, incluso uno desmilitarizado, territorialmente fragmentado y privado de soberanía genuina.
Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 destrozaron de raíz el statu quo político, alteraron la trayectoria del conflicto y pusieron al descubierto la quiebra de los supuestos que habían regido la política regional durante más de tres décadas.
El genocidio que siguió supuso el fin moral y político del paradigma de Oslo y de la ilusión de que el conflicto pudiera resolverse mediante interminables negociaciones llevadas a cabo en condiciones de asimetría abrumadora.
El mito de la solución de dos Estados se derrumbó finalmente bajo el peso de la realidad política.
Las reivindicaciones israelíes sobre la tradición de la democracia liberal occidental y el Estado de derecho sufrieron quizá su mayor crisis de credibilidad desde la fundación del Estado.
El mundo reconoció cada vez más que la cuestión nunca se redujo simplemente a una cuestión de fronteras o acuerdos de seguridad, sino que se trataba de una lucha entre un pueblo indígena que buscaba la libertad y un proyecto colonialista de asentamientos basado en la exclusión, la supremacía y la dominación permanente.
El genocidio también asestó un golpe devastador a la visión de Benjamin Netanyahu de un «Nuevo Oriente Medio».
Apenas unas semanas antes del 7 de octubre, se presentó ante las Naciones Unidas mostrando un mapa que, en la práctica, borraba a Palestina y presentaba a Israel como el centro indiscutible de un nuevo orden regional construido sobre la normalización, la integración económica y la hegemonía estratégica. Proyectos como el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés) estaban diseñados para institucionalizar a Israel como el puente comercial y de seguridad indispensable que une Asia, el Golfo, Europa y África.
Gaza echó por tierra esa visión.
En lugar de inaugurar una era de hegemonía sionista indiscutible, devolvió a Palestina al centro de la política regional e internacional, frenó el impulso de la normalización y demostró que ningún orden regional puede alcanzar una legitimidad duradera mientras excluya al pueblo palestino y le niegue sus derechos inalienables.
Fuentes: Voces del Mundo [Foto: La mezquita de al-Rahma dañada por el ataque de los colonos en Qusra, en la Cisjordania ocupada (Muhammed Ateeq/Middle East Eye)]
Por Fayha Shalash
En el día de hoy, domingo [26 de julio de 2026], colonos israelíes han lanzado una serie de ataques generalizados por toda Cisjordania, incendiado dos mezquitas en Nablus y Tulkarm y causado daños en la maquinaria pesada de una instalación industrial cerca de Ramala.
Varios testigos relataron a Middle East Eye que los colonos irrumpieron también en varias ciudades y pueblos, atacaron viviendas, destruyeron vehículos y dispararon munición real para aterrorizar a sus residentes.
Los ataques se dirigieron contra comunidades de las provincias de Nablus, Tulkarm, Ramala, Hebrón, Salfit, Qalqilya, Jericó y Jerusalén, según funcionarios palestinos, quienes afirmaron que los colonos actuaban bajo la protección de las fuerzas israelíes.
En la aldea de Qusra, al sur de Nablus, colonos israelíes incendiaron gran parte de la mezquita de al-Rahma y pintaron con espray consignas racistas en hebreo en sus paredes.
El activista Abdul-Azim Wadi, vecino de la aldea, explicó a MEE que recibió una llamada a las 2:30 de la madrugada en la que le informaban de que los colonos habían incendiado la mezquita, situada en la parte suroeste de la aldea. Wadi afirmó que él, junto con otros vecinos, acudió al lugar para apagar las llamas.
La mezquita tenía previsto abrir sus puertas en los próximos días. Los vecinos de Qusra habían pintado sus paredes y colocado la moqueta el día anterior, pero el incendio causó daños importantes, incluido el derrumbe parcial de algunas de sus paredes, según explicó.
Wadi señaló que en las paredes habían pintado consignas como «Israel se establecerá con sangre» y «las mezquitas no nos asustan», además de mensajes que indicaban que el incendio provocado era una venganza por los colonos asesinados en Tell. «Los vecinos de la mezquita vieron a los colonos abandonar la zona antes de que los residentes llegaran para apagar el fuego. También encontramos tres consignas que habían escrito en las paredes exteriores», afirmó el activista.
Interior de la mezquita de al-Rahma dañado por el fuego tras el incendio provocado por los colonos en Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada (Muhammed Ateeq/Middle East Eye)
Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional
23/7/2026. El jueves 16 de julio, en la sede del Departamento de Estado en Washington D.C., se llevó a cabo la “Cumbre anti izquierda” que reunió a representantes de gobiernos y organizaciones políticas de 66 países. El objetivo, según los convocantes, es establecer una cooperación internacional de inteligencia, la coordinación entre policías y acciones dirigidas a cortar el financiamiento de las organizaciones de izquierda que el gobierno de EEUU considere involucradas en actividades terroristas.
Al frente de la convocatoria, y dirigiendo la cumbre, se encontraban altos funcionarios del gobierno de EEUU, partiendo por el Secretario de Estado Marco Rubio, junto a Stephen Miller (principal asesor de Trump), y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros, demostrando la gran importancia que Trump dio a este encuentro.
Entre los asistentes había representantes de ministerios de relaciones exteriores, embajadores, y funcionarios de alto nivel operativo y técnico. Representaban a países de Europa, Asia y América. Israel fue el único país de Medio Oriente presente. Entre estos países estaban España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Chile o Uruguay, entre otros.
Los objetivos delineados por el gobierno estadounidense
Esta cumbre, antecedida por la declaración de Antifa (forma genérica de referenciar el antifascismo) como “organización terrorista” en septiembre de 2025, se inscribe en una política represiva de Trump, quien recientemente firmó la orden ejecutiva de Seguridad Nacional Número Siete, una disposición de emergencia que apunta contra la izquierda y el movimiento anarquista, con el objetivo de autorizar el uso de recursos del Estado yanqui para el combate contra organizaciones de izquierda a las que declara como terroristas.
En los últimos meses, Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos: Antifa Ost, Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front, Armed Proletarian Justice y Revolutionary Class Self-Defense. La inclusión de estas en las listas FTO (Organización Terrorista Extranjera) y SDGT (Terrorista Global Especialmente Designado) activa un protocolo de persecución global que implica bloqueo de activos, prohibición de apoyo material y denegación de visados.
Trump avanzó en esta línea dentro de EEUU, cuando a propósito del asesinato de Charlie Kirk, anunció la criminalización del antifascismo en su propia red Truth Social: “Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que designo a Antifa, un desastre enfermo, peligroso y de izquierda radical, como una gran organización terrorista”.
El principal orador de la cumbre, Marco Rubio, declaró: “Pueden llamarse anti capitalistas o anti imperialistas, comunistas, o anarquistas, o marxistas, pero el carácter fundamental es siempre el mismo”. Por su parte, Stephen Miller, el ultraderechista asesor de Trump tras la criminal política anti inmigrantes, habló de la necesidad de combatir el “cáncer mortal de la civilización” y de que “el mayor riesgo que tenemos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y demasiado cobardes como para poder defenderse de una amenaza mortal”.
Adicionalmente, el 20 de julio, el Departamento de Estado emitió un informe titulado “Cuba: La capital del comunismo en el siglo XXI”, en el que presenta al gobierno cubano como promotor de la “subversión” izquierdista en Estados Unidos y elabora listas de activistas de solidaridad con Palestina, defensores de derechos humanos y activistas de izquierda como supuestos agentes del régimen cubano, apuntando a su criminalización y a crear condiciones políticas para una agresión militar contra Cuba similar a la de enero de este año contra Venezuela.
Macartismo 2.0 para criminalizar la resistencia contra Trump y la ultraderecha
