A 21 años de la masacre de Cromañón, familiares y sobrevivientes vuelven a las calles para homenajear a las 194 víctimas y denunciar que la tragedia fue consecuencia directa de la desidia estatal. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue siendo una construcción colectiva frente al intento permanente de clausurar responsabilidades. Por ANRed
Hoy se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón, un crimen social que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, en su mayoría jóvenes, durante un recital que diera la banda Callejeros en un local que no reunía las mínimas condiciones de seguridad. Lejos de tratarse de un accidente, familiares y sobrevivientes insisten en que fue el resultado de una trama de negligencias, habilitaciones irregulares, corrupción y controles estatales inexistentes.
Como cada año, la fecha estará marcada por el recuerdo y la memoria de un doloroso suceso que no puede volver a suceder. Las actividades de este nuevo aniversario se inscriben en una jornada de conmemoración, construida colectivamente por familiares y sobrevivientes, que combinan el homenaje, el duelo y la denuncia pública.
La masacre de Cromañón fue posible porque el boliche funcionaba con sobrepoblación extrema, salidas de emergencia cerradas, materiales inflamables y un sistema de inspecciones estatales que falló de manera sistemática. Para las organizaciones, el Estado no sólo no protegió, sino que habilitó y permitió el funcionamiento de un espacio que puso en riesgo miles de vidas.
A más de dos décadas, las familias denuncian que la justicia fue parcial y que las responsabilidades políticas y estructurales nunca fueron plenamente saldadas. Sin embargo, la persistencia de la organización colectiva logró que Cromañón se mantenga como una causa viva, un símbolo de lucha contra la impunidad y una advertencia frente a nuevas tragedias evitables.
La conmemoración vuelve a poner en el centro que la memoria es una práctica activa, sostenida en la calle, en el santuario y en cada acto de denuncia. A 21 años, Cromañón sigue siendo una herida abierta y un reclamo vigente: sin políticas públicas, sin controles reales y sin un Estado responsable, las muertes se repiten.
Actividades por los 21 años de Cromañón
Jornada de conmemoración
18 hs – Misa en homenaje a las víctimas en la Catedral Metropolitana.
19.30 hs – Marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón.
20.30 hs – Acto central en el Santuario: lectura de documentos, testimonios de familiares y sobrevivientes, intervenciones artísticas y música en vivo.
El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia, condenó a 31 ex militares y policías con penas que van desde perpetuas a siete años de prisión. En el juicio se ventilaron crímenes cometidos contra 333 víctimas en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires y Viedma, bajo la jurisdicción del V cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Sólo un de los imputados que llegó a juicio fue absuelto. “A más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza”, dice Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca, que fue parte de la querella en el proceso judicial.
ANDAR en Bahía Blanca
(Christian Madia para Agencia Andar) En el mediodía del viernes 26 de diciembre se leyó la sentencia en la Megacausa de lesa humanidad “Zona V – Bahía Blanca”, que, hasta el momento, debido a sus características, fue el debate más amplio en esa ciudad. Los imputados fueron miembros del ejército, policías y personal del servicio penitenciario acusados de secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robos de bebés y abusos sexuales cometidos contra 333 víctimas tanto en el sur de la provincia de Buenos Aires como en la Patagonia.
De los 52 imputados originales en la causa, sólo 32 llegaron a la sentencia, éstos integraron los grupos represivos que accionaron en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181. El juicio comenzó el 17 de febrero de 2022. Fueron casi cuatro de una causa voluminosa ya que las querellas y la fiscalía consiguieron que el tribunal unificara los 14 tramos con los que contaba originalmente, llegando a la actual megacausa, logrando fallos condenatorios casi en su totalidad.
La agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca fue querellante. ANDAR conversó con Alejandra Santucho, una de sus integrantes: “realmente teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”. “Nosotros íbamos en ‘perdedores’ y no pasó. A veces somos nosotros mismos los que nos la tenemos que creer más, tenernos más confianza a pesar de la evidente realidad”, agrego.
Uno de los puntos sobresalientes que ha sorprendido a H.I.J.O.S. durante el debate oral y público es el hecho de haberse tratado otros temas muy puntuales como por ejemplo la comunidad chilena que llegó a la ciudad escapando de la dictadura de Augusto Pinochet. “Ellos conformaban acá un barrio que se llamaba ‘17 de agosto’ y los bahienses lo llamaban en forma peyorativa: ‘el Palihue chico’, porque se encontraba muy cerca del barrio residencial Palihue, que es una zona con gran cantidad de chalets, muy apetecible económicamente. Los militares, con la excusa de que debían tapar un canal, primero los reprimieron y luego literalmente pasaron la topadora sobre el barrio, expulsándolos a barrios periféricos con casa de chapas”, recuerda Alejandra, y agrega: “esto estuvo silenciado en la sociedad de Bahía Blanca porque además hay que sumarle la xenofobia permanente. Para nosotros fue muy fuerte ver por primera vez a esas personas contar lo que vivieron en esos años ante un tribunal.”
El otro dato del juicio fueron las condenas por delitos contra la integridad sexual que, como señala el informe anual de 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se destaca un notable crecimiento de sentencias que incorporan delitos de violencia sexual en consonancia con las leyes internacionales de derechos humanos.
El fallo del TOF de Bahía Blanca también dispuso que, una vez que la condena quede firme, el diario bahiense La Nueva Provincia rectifique una publicación periodística por hechos que, en su momento, informó como personas abatidas en enfrentamientos militares cuando, se comprobó en este juicio, que se trató de hechos de secuestros, torturas y desaparición.
La fiscalía resaltó la importancia de la visibilización por parte de algunos medios audiovisuales de esta megacausa por su implicancia para la preservación y transmisión de la memoria histórica, al respecto Alejandra señala: “los medios hegemónicos sólo cubren el inicio y la sentencia de los juicios, pero el ‘durante’ sólo lo hacen los medios alternativos. Nosotros ponemos todo el esfuerzo en la difusión por redes sociales para que quede un registro. Lo sustancial está en la palabra misma de los protagonistas. Y, aunque parezca que a los vecinos no les interesa las cuestiones de derechos humanos, todos los 24 de marzo se moviliza gran cantidad de gente en Bahía Blanca, lo que sucede es que desde el poder nos quieren hacer creer que somos muchos menos de los que realmente somos”.
Alejandra Santucho es hija de Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, ambos militantes peronistas en la JP y montoneros, fueron asesinados en su casa de Melchor Romero (La Plata) el 3 de diciembre de 1976 durante un operativo con más de 200 efectivos que tirotearon su vivienda, “ellos no se dejaron llevar vivos”, cuenta Alejandra. Una de sus hermanas, Mónica de 14 años, fue secuestrada y desaparecida, luego por testimonios se supo que estuvo cautiva en destacamento Arana y luego a la Comisaría 5ta. de La Plata.
Por toda su historia, como la de tantos hijos e hijas de militantes sociales y políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Alejandra medita acerca de si la justicia tardía es realmente justicia: “creo que es absolutamente reparador lo que pasó con la condena a los genocidas en esta causa. Abrazarse con los familiares, hermanos, con sobrevivientes y con algunas Madres que todavía están con nosotros es muy fuerte. Somos familias atravesadas por el terrorismo de Estado que sana con estos juicios”.
Santucho concluye taxativamente diciendo: “a más negacionismo y reivindicación de la dictadura por parte del Gobierno nacional, de éste lado tiene que haber más fuerza. Hay que seguir luchando”.
La lista de condenados
Mario Torres (20 años); Osvaldo Páez (perpetua); Carlos Ferreyra (absuelto); Jorge Massón (perpetua); Jorge Rojas (10 años); Osvaldo Sierra (perpetua); Enrique Del Pino (perpetua); Carlos Villanueva (perpetua); Guillermo González Chipont (perpetua); Norberto Condal (perpetua); Jorge Granada (perpetua); Carlos Taffarel (perpetua); Víctor Aguirre (perpetua); Humberto Adalberti (18 años); Adalberto Bonini (18 años); Bernardo Cabezón (perpetua); José Casanovas (perpetua); Arsenio Lavayén (perpetua); Raúl Domínguez (perpetua); Alejandro Lawless (12 años y 6 meses); Alberto Rey Pardellas (13 años y 2 meses); Jorge Maidana (13 años y 10 meses); Ricardo Gandolfo (13 años y 6 meses); Raúl Andrés (13 años); Enrique Stel (12 años y 6 meses); Eduardo Videla (13 años); Vicente Flores (7 años); Martín Gutiérrez Velasco (7 años); Claudio Kussman (perpetua); Héctor Abelleira (perpetua); Roberto Brunello (18 años); Ernesto Etchart (8 años).
La Red de Salud Mental y el Colectivo Internacional de Redes Palestinas de Salud Mental, que representan a profesionales de la salud mental de 20 países, condena la bancarrota ética revelada por el Premio Sigourney 2025 otorgado a la profesora Dana Amir de la Universidad de Haifa. La profesora Amir recibe reconocimiento internacional por su “trabajo pionero” sobre cómo se transmite el trauma a través del lenguaje, por analizar los testimonios de víctimas y perpetradores, por identificar “nuevas vías para la intervención terapéutica” en el trauma –25 meses después de que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas ha concluido que es un genocidio contra los palestinos —
El 16 de septiembre de 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados palestinos concluyó que «Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza» y que «las autoridades israelíes al más alto nivel han orquestado una campaña genocida» con la «intención específica de destruir al pueblo palestino en Gaza». Esto se produce tras meses de advertencias por parte de la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, que utilizaron el mismo término: genocidio. Cabe destacar que, en julio de 2025, dos destacadas organizaciones israelíes de derechos humanos —B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos en Israel— se convirtieron en las primeras organizaciones israelíes en concluir que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, rompiendo un tabú en la sociedad israelí.
No se trata simplemente de una mala elección de momento. Se trata de una hipocresía estructural que pone al descubierto todos los fallos que existen en las instituciones de salud mental occidentales.
La obscenidad de la pericia sin aplicación
La aclamada obra de la profesora Amir examina cómo se transmite el trauma a través del lenguaje, analizando la elección de palabras, el tono, el ritmo y la entonación en los testimonios. Estudia la laguna traumática, las ausencias y los vacíos en la forma en que las personas hablan de la violencia indescriptible. Su investigación profundiza en los testimonios tanto de los perpetradores como de las víctimas.
Mientras tanto, en tiempo real:
Más de 66.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños. La Comisión de la ONU concluyó que Israel ha cometido «asesinatos y daños graves a un número sin precedentes de palestinos».
La infancia en Gaza se enfrenta a una destrucción sistemática. Se ha confirmado la muerte de al menos 13.319 niños, incluidos 786 bebés menores de un año; es probable que la cifra sea cuatro veces mayor si se incluyen las muertes indirectas por inanición y enfermedades. Gaza tiene actualmente el mayor número de niños amputados per cápita del mundo. Diez niños pierden una o ambas piernas cada día. Más de 9.200 niños han perdido alguna extremidad. Los niños son sometidos a amputaciones sin anestesia, analgesia ni apoyo para la rehabilitación en hospitales bombardeados. Se les registra como WCNSF: Niño Herido Sin Familia Sobreviviente, un término exclusivo de la Franja de Gaza.
Se confirma la hambruna. En agosto de 2025, el 100% de la población de Gaza experimentaba altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La hambruna se ha confirmado en la gobernación de Gaza, donde 640.000 personas se enfrentan a una inanición catastrófica. Al menos 440 personas han muerto de inanición, entre ellas 147 niños. Más de 65.000 niños sufren desnutrición aguda. Los lactantes no tienen acceso a leche de fórmula ni a leche especial. Los niños no pueden desarrollar el habla ni alcanzar los hitos del lenguaje debido a la desnutrición y se enfrentan a posibles daños cognitivos a largo plazo. Las madres sufren abortos espontáneos durante los desplazamientos forzados. Los bebés prematuros dados de alta de los hospitales pesan la mitad de lo que deberían.
Se ha documentado la tortura sexual sistemática. El Centro Palestino para los Derechos Humanos publicó testimonios en noviembre de 2025 que revelaban «una práctica organizada y sistemática de tortura sexual, que incluye violaciones, desnudamiento forzado, filmaciones forzadas y agresiones sexuales con objetos y perros» contra detenidos palestinos. Mujeres violadas repetidamente por soldados, filmadas desnudas y amenazadas con publicar fotos en redes sociales. Hombres violados con objetos de madera, botellas y perros adiestrados mientras los soldados observaban y se reían. Un joven de 18 años fue violado cuatro veces con una botella mientras los soldados le decían a él y a otros detenidos que estaban «destruyendo su espíritu y su esperanza de vida». El Centro Palestino para los Derechos Humanos concluye que este trato «no solo cumple con los elementos de la tortura según el derecho internacional, sino que también constituye un genocidio».
Los funcionarios israelíes ofrecen abiertamente testimonios de los perpetradores. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró: «Estamos luchando contra seres humanos inhumanos». El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, sobre el uso de armas nucleares en Gaza, afirmó: «Esa es una opción». El ministro de Agricultura, Avi Dichter, declaró: «Estamos desplegando la Nakba de Gaza». El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró: «Estamos eliminando ministros, burócratas, administradores de fondos; a todos los que obstaculizan el gobierno civil de Hamás». Esto no es un lenguaje ambiguo que requiera un análisis académico. Es una declaración abierta de intención genocida.
La profesora Amir es una experta reconocida internacionalmente en testimonios de trauma, en el análisis del discurso de las víctimas y en la intervención terapéutica para el trauma colectivo. Sin embargo, no ha publicado ninguna declaración que califique esto como genocidio. No ha hecho ningún llamado al cese al fuego. No ha exigido rendición de cuentas a su Estado ni a sus instituciones. No ha adoptado ninguna postura pública con respecto a las acciones de su gobierno.
No se puede elogiar a alguien por analizar los testimonios de las víctimas mientras los palestinos testifican sobre el genocidio y usted permanece en silencio.
No se pueden recibir premios por estudiar “la laguna traumática” —los vacíos, las ausencias— mientras tu silencio crea ausencia, mientras que los palestinos son sistemáticamente borrados.
No se puede pretender tener experiencia en “intervención terapéutica” para el trauma colectivo mientras el Estado comete genocidio y no ofrece ninguna intervención, ninguna condena, ninguna rendición de cuentas.
Esto no es erudición. Esto es explotación. El dolor palestino se convierte en materia prima para el prestigio académico, mientras que los palestinos vivos son desechables.
Por Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
22/11/2025. El pasado 17 de noviembre, el consejo de seguridad de la ONU aprobó la resolución 2803 (2025) con la que respalda íntegramente la “Declaración de Trump para la Paz y la Prosperidad Duraderas del 13 de octubre de 2025” y busca imponer sobre Gaza un gobierno dirigido desde Washington.
La resolución fue aprobada con 13 votos a favor de los miembros del Consejo de Seguridad y contó con la abstención de Rusia y de China, que cobardemente se negaron a utilizar su poder de veto, demostrando su rol cómplice con Trump y Netanyahu.
La resolución busca cerrar el circulo de impunidad que el conjunto de la diplomacia capitalista e imperialista le brinda a Israel, con el objetivo de salvar a Netanyahu ante el creciente aislamiento logrado con las las masivas movilizaciones en repudio al genocidio que recorren el mundo.
El consejo de seguridad de la ONU, junto al Imperialismo yanqui y europeo, los gobiernos árabes, y el traidor gobierno de Cisjordania en manos de Fatah, buscan validar un nuevo plan de colonización sobre Gaza para repartirse el conjunto del territorio histórico de Palestina entre las potencias mundiales e impedir la autodeterminación del pueblo palestino.
Un “mandato” imperialista para colonizar Palestina
La resolución busca imponer un nuevo gobierno sobre Gaza y bajo la forma de “Mandato” imperialista con la hipócrita denominación de “Junta de Paz”. Este nuevo gobierno tendría el objetivo de implementar “una administración de gobernanza transitoria, incluida la supervisión y el apoyo de un comité tecnocrático y apolítico palestino integrado por palestinos competentes de la Franja, impulsado por la Liga Árabe, que será responsable de las operaciones cotidianas de la administración pública de Gaza”.
A su vez se impulsa la instalación de una fuerza militar de ocupación a través de la “Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) temporal en Gaza, la cual se desplegará bajo un mando unificado aceptable para la Junta, con fuerzas aportadas por los Estados participantes, en estrecha consulta y cooperación con la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel, y utilizará todas las medidas necesarias para cumplir su mandato”. Esta fuerza militar colonialista, impuesta desde arriba en territorio gazatí, tiene como uno de sus objetivos, desarmar a la resistencia palestina y suplantar las fuerzas policiales internas y fronterizas por fuerzas imperialistas en acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel para continuar el sometimiento sobre el pueblo palestino.
Con la imposición de un gobierno imperialista y la penetración de una fuerza militar de ocupación, la ONU retrocede más de 100 años en la historia para repetir el colonialismo instaurado después de la primera guerra mundial, cuando la Sociedad de Naciones le otorgó a Inglaterra el control de Palestina que luego sería entregado al sionismo para la creación del estado de Israel en 1948.
Desde su creación, el Estado de Israel no es más que un enclave imperialista que durante 77 años ha utilizado métodos nazis de exterminio y limpieza étnica sobre la población árabe en todo el territorio histórico de Palestina. Hoy, en pleno siglo XXI y ante una creciente movilización mundial contra el genocidio, el imperialismo a través de la resolución de la ONU, vuelve a bendecir a Israel para garantizar su impunidad genocida e impedir la autodeterminación del pueblo palestino.
El negocio de la reconstrucción de Gaza y la punta de lanza para una nueva ocupación
El gobierno de Javier Milei avanza aceleradamente para “redefinir” es decir derogar la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639), una norma que desde 2010 protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua. La posibilidad de cambiar su núcleo de protección ambiental aparece como una demanda reiterada del sector minero y de varios gobiernos provinciales que buscan abrir paso a proyectos de megaminería en la cordillera. El avance es contundente: el Ejecutivo analiza tanto un proyecto legislativo como un posible DNU para sortear los tiempos parlamentarios, mientras mantiene mesas de negociación con gobernadores y empresas que reclaman “seguridad jurídica” para desembolsos millonarios. El extractivismo es la prenda de cambio luego del apoyo financiero de EE.UU. y organismos internacionales. Por ANRed.
El eje del conflicto radica en que la ley vigente prohíbe expresamente la actividad minera y otras prácticas extractivas en zonas glaciares y periglaciares. Para el gobierno y el lobby minero, estos límites son “imprecisos” y traban inversiones de cobre, litio y otros minerales críticos. Para las organizaciones socioambientales, comunidades y buena parte del sector científico, la reforma es un retroceso que colocaría en riesgo la principal fuente de agua de la región andina en un contexto donde las cuencas ya sufren crisis hídricas severas. La disputa, lejos de ser técnica, es profundamente política: se trata de definir si el país va a priorizar el agua como bien común o si va a sacrificarla para facilitar negocios extractivos. Para eso también hay que vencer la resistencia de pobladores que han negado el extractivismo para conservar el ambiente. Casos más cercanos fueron las rebeliones en Chubut, Mendoza y Jujuy.
Las provincias mineras, especialmente San Juan, impulsan cambios profundos. Reclaman que la autoridad de aplicación de la ley pase del Estado nacional a las jurisdicciones provinciales, lo que permitiría habilitar proyectos actualmente frenados por el Inventario Nacional de Glaciares. En paralelo, el sector empresarial presiona para acotar la definición de “ambiente periglaciar”, considerada por ellos demasiado amplia. Esa sola modificación habilitaría de inmediato zonas que hoy están protegidas. Las cámaras mineras insisten en que sin una nueva redacción no habrá inversiones que, según sus proyecciones, podrían alcanzar entre 3.000 y 15.000 millones de dólares cifras que nunca se cumplen teniendo en cuenta el bajo numero de trabajadores que implementa las mineras.
Del otro lado, científicos y comunidades advierten que cualquier recorte en la protección del ambiente periglaciar implicaría impactos irreversibles. Los glaciares funcionan como reguladores naturales del agua: almacenan y liberan caudales que sostienen la vida de pueblos enteros, la producción agrícola y los ecosistemas de montaña. Numerosos especialistas sostienen que la presión para redefinir la ley surge más de intereses económicos que de necesidad técnica. La evidencia científica es clara respecto del papel crítico del periglaciar en la estabilidad hídrica, y sobre los riesgos que implica intervenirlo con explosiones, drenajes ácidos, movimientos de suelos y desvío de cursos de agua propios de la megaminería.
La reforma también está rodeada de tensiones institucionales. Una eventual derogación por DNU abriría una batalla judicial inmediata, dado que la Corte Suprema ya validó la constitucionalidad de la ley en fallos previos. Pero incluso la vía legislativa enfrenta resistencias sociales crecientes. En varias provincias cordilleranas se multiplican comunicados, asambleas y movilizaciones en defensa del agua, advirtiendo que la reforma no solo impactaría en los glaciares, sino en las formas de vida y en los territorios donde comunidades indígenas, campesinas y urbanas dependen de cuencas cada vez más frágiles.
El debate expone una contradicción estructural. El gobierno presenta la reforma como parte de una “oportunidad histórica” para atraer inversiones y posicionar al país en la demanda global de minerales críticos. Esa visión choca con la crisis ambiental que atraviesa la cordillera y con la urgencia de proteger los últimos reservorios de agua dulce. Mientras se repite la narrativa del progreso económico.
En los últimos días, una frase se volvió central en boca de comunidades, especialistas y organizaciones ambientales: “se puede vivir sin oro, pero no sin agua”. Ese mensaje resume el fondo del conflicto. Lo que está en disputa no es solo una ley, sino un modelo de país. La ofensiva para modificar la Ley de Glaciares aparece como una pieza más de un esquema extractivista que prioriza la renta inmediata por encima de la sustentabilidad, la salud y la soberanía de los territorios.
Tras el hallazgo de peces muertos en torno al Dique Cuesta del Viento, desde la Asamblea de Vecinos Jáchal No se Toca de San Juan denunciaron “un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero (de Barrick Gold) en la cuenca del río Jáchal”. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informaron que, según un estudio, la muerte de esos peces se debió a un fenómeno natural por “niveles bajos de oxígeno disuelto”. Sin embargo desde la Asamblea ya realizaron presentaciones ante la justicia que desmienten la versión oficial. Compartimos comunicado.
LA MORTANDAD DE PECES, AGUAS ABAJO DE VELADERO, SE JUDICIALIZÓ
La Asamblea Jáchal No Se Toca informa que aportó pruebas, que desbaratan la versión oficial del gobierno de San Juan, a las Actuaciones judiciales investigativas por la situación en el Dique Cuesta del Viento. Legajo N° MPF-JA-00734-2025.
El lunes 3 de noviembre de 2025 aparecieron miles de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento (Iglesia-San Juan-Argentina).
El jueves 6 de noviembre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó a la comunidad que, “Las evidencias preliminares obtenidas indican que el evento estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto (hipoxia) en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica”.
El viernes 7 la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó análisis junto a especialistas para conocer las condiciones de oxígeno disuelto en el agua en diferentes sectores del Dique Cuesta del Viento. Los resultados dan cuenta que no hay problemas de oxígeno disuelto ya que las mediciones realizadas varían entre 7,84 mg/L y 9,16 mg/L. Es decir, son niveles óptimos de oxígeno disuelto para los Pejerreyes. Cabe aclarar que los Pejerreyes pueden vivir sin ningún tipo de problemas con 6 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua.
Este 11 de noviembre, la Asamblea Jáchal No Se Toca se presentó ante la Unidad Fiscal del Norte (Jáchal) para realizar la denuncia penal y se encontró con la grata noticia que el día miércoles 5 el Fiscal de turno ya había iniciado una investigación penal por el delito de envenenamiento de agua en el Dique Cuesta del Viento. Por ello, se sumaron evidencias que dan cuenta de las condiciones óptimas del oxígeno disuelto en el agua mientras seguían apareciendo pejerreyes muertos en la orilla del Dique. Esto quiere decir que la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan mintió.
Por lo expuesto, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca se le exige al Sr. Gobernador Marcelo Orrego que el gobierno provincial diga la verdad de lo ocurrido con pruebas técnicas fehacientes y confiables (resultados de metales pesados y otros compuestos de la actividad minera a través de análisis de agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal que son los que aportan el agua al Dique Cuesta del Viento, también análisis de metales pesados en barros y peces del mencionado dique) y al Intendente Matías Espejo que convoque, en forma urgente, a la UNCuyo de Mendoza para realizar los análisis de agua según la Ordenanza Agua Segura, ya que hace dos años que no se hacen esos análisis.
Francisco Franco, el “Caudillo” de España, gobernó a sangre y fuego por casi cuarenta años. Antes de su muerte dejó la orden para el retorno de la monarquía, que se impuso en la “transición” con el acuerdo de la burguesía y la traición de los dirigentes socialistas y comunistas. Sus crímenes siguen impunes.
En la madrugada del 20 de noviembre de 1975, tras una larga agonía, murió el siniestro dictador español Francisco Franco, el “Caudillo de España por la gracia de dios”. Horas más tarde Carlos Arias Navarro, a cargo del gobierno, leyó por televisión el “testamento político” que Franco había redactado días antes. Allí cínicamente declaraba, “pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos”, y “no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización están alerta”.1
El 23 de noviembre sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos. El dictador chileno Augusto Pinochet acudió a su funeral. El gobierno de Isabel Perón decretó duelo nacional. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, lo repudió en su periódico Avanzada Socialista: “Los trabajadores, las fuerzas de izquierda, las corrientes que se proclaman democráticas tenemos el deber de expresar nuestra alegría por la muerte del dictador, y nuestro respaldo a los pueblos de España”.2
Los 36 años de feroz dictadura habían dejado un saldo de 150 mil asesinados, entre 115 mil y 130 mil desaparecidos, 2.800 fosas comunes y 30 mil niños y niñas robados.3 Las nacionalidades vasca y catalana fueron especialmente castigadas. La mayor parte del pueblo quedó sumergido en la penuria. Fueron obligadas a exiliarse 440.000 personas por causas políticas o económicas. Los dos países que fueron el centro de recepción de los emigrados fueron México y Argentina.
La derrota de la revolución
A comienzos del siglo XX los pueblos del estado español vivían en medio de la pobreza y el atraso, sometidos por la monarquía borbónica, la nobleza, una burguesía ultra reaccionaria, la oscurantista y poderosa Iglesia Católica y la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera. Tras la caída de la dictadura, en plena crisis política, el gobierno convocó a elecciones municipales, en las que se impusieron listas republicanas en las grandes ciudades, lo que provocó la abdicación del rey Alfonso XIII y la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931.
Pero desde el 19 de julio de 1936 comenzó la contrarrevolución fascista dirigida por Franco y estalló la guerra civil. El franquismo, minoritario al comienzo de la guerra civil, fue ganando terreno por el apoyo militar directo del nazismo alemán y, en menor medida, del fascismo italiano. Mientras tanto, las potencias imperialistas “democráticas”, como Gran Bretaña o Francia (que tenía un gobierno socialdemócrata), se abstenían de ayudar, manteniendo la “neutralidad”.
Las y los trabajadores y campesinos se movilizaron y lucharon tenazmente para enfrentar al fascismo. Se expropiaron fábricas y latifundios, tanto para la gestión productiva en apoyo al frente de batalla como para alimentar al pueblo. La causa española fue apoyada con entusiasmo en muchos países. Luchadores democráticos y trabajadores formaron las recordadas brigadas internacionales.4 Pero el precio de la lucha fue muy alto: más de 500 mil personas murieron en el frente de batalla y en la represión en la retaguardia.
El bando republicano estaba encabezado por la “sombra de la burguesía”, como decía Trotsky, y por los dirigentes del Partido Socialista y el anarquismo, quienes pretendieron contener la revolución obrera y campesina y devolver la propiedad privada a sus dueños. A estos se fue sumando el Partido Comunista, minoritario al inicio del conflicto, pero que de la mano de José Stalin se fue fortaleciendo gracias a la entrega a cuenta gotas de armas y el prestigio de la Unión Soviética entre las y los trabajadores.5
El aparato del Partido Comunista pudo controlar y frenar cada vez más el esfuerzo militar. Aplastó la revolución en Cataluña y, en particular, en Barcelona en marzo de 1937, deteniendo o fusilando a los obreros que habían participado en ella. Las y los trotskistas y militantes y dirigentes del Partido Obrero Unificado Marxista (POUM) fueron perseguidos con saña por los agentes estalinistas. El dirigente Andreu Nin fue detenido y desaparecido por la policía estalinista, acusado de ser “agente de Franco”.6
El heroísmo de las y los trabajadores y campesinos republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas no alcanzó para detener a la contrarrevolución fascista. En 1939 triunfó el franquismo, que empalmó, comenzada la Segunda Guerra Mundial, con el avance arrollador de los ejércitos nazis, que en 1941 invadieron la Unión Soviética.
Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad
La Conferencia de las Partes (COP) es la principal instancia de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Reúne a 198 partes (197 países y la Unión Europea). Este año, se realizó en Belém, en el norte de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.
A diez años del Acuerdo de París
La COP30 se convocó al cumplirse una década del Acuerdo de París, cuando los gobiernos del mundo se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para que la temperatura global no superara, durante el siglo, un aumento de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Superar ese límite supondría abrir un escenario incierto y de riesgos catastróficos para el conjunto de la especie humana.
La realidad es que la temperatura media de los últimos tres años ya superó ese umbral. En 2024 incluso alcanzó los 1,6 grados, lo que lo convierte en el año más caluroso de los últimos 125 mil del planeta.
El informe publicado por la Universidad de Oxford, El estado del clima en 2025: un planeta al borde del abismo, recopila investigaciones que señalan que de 34 signos vitales planetarios relevados, 22 se encuentran en estado de emergencia.
En ese marco, se destaca que en 2024 los incendios forestales aumentaron un 370%. La masa de hielo de Groenlandia y de la Antártida se encuentra en mínimos históricos de volumen, incluso pasando puntos de no retorno que amenazarían con provocar metros de aumento en el nivel de los mares.
Este escenario se expresa también en el huracán más potente de la historia, que azotó a Jamaica la última semana, y en los extremos climáticos que vivimos en la Argentina: por un lado, temporales e inundaciones; por otro, sequías e incendios cada vez más frecuentes. De mantenerse el ritmo actual de aumento de la temperatura global, los costos asociados a los llamados “desastres naturales” derivados del calentamiento global implicarían, de acá a 2050, una pérdida del Producto Bruto Mundial de 18 billones de dólares, el equivalente a multiplicar por seis las pérdidas de los dos años de pandemia de Covid-19.
Más grave aún: esta dinámica expondría a la muerte a unos dos mil millones de personas y multiplicaría exponencialmente las migraciones forzadas provocadas por la crisis climática.
Persecución judicial, criminalización, detenciones arbitrarias y represiones. Son algunos de los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo interpeló al Estado argentino y estableció que el gobierno de Catamarca no emita nuevas autorizaciones en el proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El rol clave de la Asamblea El Algarrobo.Por Ana Chayle, desde Andalgalá (Catamarca), para Agencia Tierra Viva.
El gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá. Se debe a una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puso en la mira internacional al Estado argentino, en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo. La novedad judicial implica, además, que los vecinos andalgalenses ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación.
La demanda internacional se enmarca en un reclamo que cumplió 15 años contra la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá. Vigilancia, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones son algunos de los hechos denunciados que, junto con la negación de justicia, determinaron la presentación de los vecinos ante el organismo interamericano.
Implicancias del avance judicial
El requerimiento de la CIDH al Estado argentino implica que el gobierno de Catamarca “no puede autorizar nuevos trabajos en el yacimiento minero Agua Rica”, afirma Mariana Katz, representante legal de la Asamblea El Algarrobo, impulsora de la demanda internacional. En diálogo con Tierra Viva, la abogada explica que “técnicamente, la provincia de Catamarca pierde la potestad o la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que pase con el yacimiento Agua Rica, porque al haber una demanda internacional cualquier acción que realice la provincia de Catamarca va a tener una repercusión directa en el reclamo internacional y, por lo tanto, las acciones que realice la provincia van a recaer en la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Además, la internacionalización de la causa supone un cambio sustancial de los actores del pleito. Debido a esto, los vecinos de Andalgalá ya no litigarán con el Estado provincial sino con el Estado argentino, a través de Cancillería de la Nación. Katz explica que, al haber adoptado el país el sistema federal, “cuando hay un reclamo internacional, la división entre provincia, municipio y nación desaparece”. Por esto, “el sujeto que tiene que dar respuestas a la demanda internacional es el Estado argentino”, refiere.
La CIDH, creada en 1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH), que se inició formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Junto con otros tratados internacionales, esta declaración tiene raigambre constitucional en Argentina, por lo cual el Estado está obligado a cumplir con sus disposiciones.
Aunque se presentó como «independiente», Connolly contó con el apoyo de la amplia izquierda: 100 % Redress, el Partido Comunista de Irlanda, el Partido Verde, el Partido Laborista, People Before Profit, Sinn Féin, el Partido Socialdemócrata y el Partido de los Trabajadores, así como una serie de organizaciones y movimientos. El respaldo del Sinn Féin, el segundo partido más grande del Parlamento, fue crucial; el partido aporta el peso de la tradición republicana, centrada en la unificación de Irlanda, y el peso de las raíces obreras del partido en las ciudades, donde la cuestión de la vivienda es primordial. Aunque Connolly ha dicho que representará a todo el país, será en gran medida la voz de la clase trabajadora y los oprimidos, no la de los terratenientes y banqueros irlandeses. Tampoco será benévola con el imperialismo estadounidense y sus aliados.
Por Vijay Prashad. | Counter Concurrts.
Michael D. Higgins, el presidente saliente de Irlanda (2011-2025), animó a Connolly a unirse al Partido Laborista y presentarse a las elecciones. Tanto Connolly como Higgins (conocido en Irlanda como Michael D) son originarios de Galway, una ciudad de la costa oeste de Irlanda. Connolly nació allí, la novena de catorce hermanos —siete chicas y siete chicos— en una familia de clase trabajadora. Su madre murió cuando Catherine solo tenía nueve años, y su padre, constructor de viviendas, confió en sus hijos mayores para que cuidaran de los más pequeños. En este hogar, Catherine Connolly desarrolló un agudo sentido del servicio y la disciplina, que incluía la participación en organizaciones benéficas católicas locales como la Legión de María y la Orden de Malta. Este fue, según ella misma describe, el camino de Connolly hacia «su socialismo».
Como abogada en Galway y con una familia joven (dos niños), Connolly se presentó y ganó un escaño en el Ayuntamiento de Galway en 1999, y más tarde fue alcaldesa de Galway de 2004 a 2005. Michael D había sido alcalde de 1990 a 1991. Al igual que ella le siguió al Ayuntamiento, Connolly ha seguido ahora a Michael D a la presidencia de Irlanda.
Irlanda es un país dividido por el colonialismo británico: la mayor parte de la población vive en la República de Irlanda (5,2 millones de habitantes), mientras que otra parte de la población de la isla vive en los condados del norte, que siguen bajo el control del Reino Unido (1,5 millones de habitantes). Hay entre 50 y 80 millones de personas en todo el mundo, principalmente en América, que afirman tener ascendencia irlandesa (la persona más famosa, que ahora aparece en un sello irlandés, fue Che Guevara). La mitad de la población de los seis condados del norte tiene la ciudadanía irlandesa (mientras que hay casi tres millones de irlandeses de la diáspora con ciudadanía), lo que les da derecho a votar al presidente.
Aunque, en sentido estricto, el presidente representa a la República —e incluso entonces, en una función mayoritariamente ceremonial—, el cargo ha sido moldeado por sus nueve titulares anteriores como un púlpito desde el que hablar en nombre de toda Irlanda. Micheal D, poeta y político, ha transformado el cargo, convirtiéndolo en un atril moral desde el que defender el papel de Irlanda en el mundo basándose en valores más amplios. Sin duda, este es un cargo que Catherine Connolly disfrutará.
Tanto Catherine Connolly como Michael D son abiertamente de izquierdas, absortos en la lucha para que las personas vivan con dignidad en la propia Irlanda y preocupados por los graves retos globales, en particular los que plantea el imperialismo estadounidense. Connolly afirmó que se inició en la política hace veintiséis años debido a la crisis de la vivienda, la «crisis social que define nuestra época». Este sigue siendo el problema más importante para los jóvenes de Irlanda, muchos de los cuales encuentran imposible alquilar un alojamiento decente cerca de sus lugares de trabajo.
En la década de 1990, la economía irlandesa experimentó un auge gracias a la liberalización de las finanzas, lo que le valió al país el sobrenombre de «Tigre Celta» (una expresión utilizada por primera vez por un analista de Morgan Stanley). Un bajo tipo impositivo para las empresas y la pertenencia a la Unión Europea permitieron al país atraer inversiones tecnológicas e inmobiliarias. Esto provocó una subida de los precios de la vivienda, que no se han desplomado a pesar del colapso del Tigre Celta tras la crisis crediticia de 2008 (Irlanda sufrió un destino similar al de Islandia, pero con menos penas de prisión para su propia élite bancaria). Se estima que el país sufre una escasez de viviendas de un cuarto de millón de unidades, que un nuevo profesor en Dublín tendría que utilizar todo su salario para pagar el alquiler de un modesto apartamento y que, mientras que los salarios aumentaron un 27 % entre 2012 y 2022, los precios de los inmuebles aumentaron un 75 %. Connolly dedicó la mayor parte de su campaña a centrarse en los problemas directos a los que se enfrenta el pueblo irlandés, aunque la presidencia solo puede plantear cuestiones en el debate público y asesorar al gobierno elegido.
